Alterra se va muy campante
Rodolfo Silva
Después de siete años de incumplir el contrato de modernización del aeropuerto, Alterra finalmente tiró la toalla y se marcha, dejando sin concluir obras que debía entregar terminadas en agosto 2004. Tuvo a disposición $125 millones de préstamos bancarios y aportes de capital, más $150 millones de ingresos del aeropuerto durante 6 años, o sea $275 millones que no se sabe en qué los gastó, ya que la obras solo valían $90 millones.
El CETAC tenía que haber pedido una auditoría independiente, que no se ha atrevido a solicitar. Alterra debe responder por incumplir el contrato, pero se marcha muy campante, más bien con premio ante la complacencia del gobierno que no le exigió pagar las multas millonarias que debía por su demora de 4 años, y devolver lo cobrado en exceso a los usuarios por sus tarifas ilegales, a pesar de haberlo ordenado así la Contraloría General, que señaló al CETAC: “Se ha actuado en forma irresponsable, en abierto incumplimiento a órdenes giradas, mediante el uso de subterfugios ilegales y de recursos infundados, dirigidos a incumplir las disposiciones del órgano contralor”.
Ante la falta de acción del gobierno, la Contraloría le reiteró: “Dicho Informe establece hechos que podrían ser generadores de tipificación penal…se solicita determinar la posibilidad de establecer las denuncias del caso”. Pero nada hicieron las autoridades, y más bien Alterra suspendió sin justificación las obras alegando una “fuerza mayor” que nunca existió.
En 2004 cambiaron las autoridades del MOPT, que se dedicaron a impulsar los famosos addenda que favorecían a Alterra, rechazados por la CGR por improcedentes e ilegales. En noviembre 2005 la Contraloría dio “un plazo máximo de 10 días para que se ordene a Alterra el reinicio inmediato de las obras”, lo que solo hizo en forma parcial. Una comisión del CETAC señaló graves incumplimientos de Alterra, recomendó aplicar sanciones y abrir un proceso de resolución del contrato, pero fue ignorado y lo que se propuso fue una “conciliación” con Alterra. ¿Alcahuetería?
Una nueva administración. Se esperaba que con su entrada en mayo 2006, las cosas cambiarían, pero sorprendentemente, a solo un mes de su inicio, el Presidente y su ministra de Transportes solicitaron en junio a la Contraloría que se aumentara a 90% la proporción de ingresos del aeropuerto destinada a Alterra (el contrato le daba el 64.8%). La CGR rechazó la solicitud: “Se devuelve sin refrendo porque la pretensión básica del addendum es restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca fueron parte del contrato…implica un aumento de los ingresos al Gestor por encima de lo previsto en el contrato…y una variación en la distribución de los riesgos del negocio”. Señaló el exContralor General, Lic Rafael Angel Chinchilla: “La fortaleza jurídica y moral de la Contraloría ha impedido una página más negra”.
¿Rescisión? Ante el incumplimiento de Alterra, debía iniciarse un proceso de rescisión del contrato desde 2004, pero no fue hasta diciembre del 2006 que el MOPT y el CETAC finalmente se decidieron a hacerlo. Sin embargo, han venido dándole largas, entre leguleyadas de Alterra y la complacencia del gobierno: primero, que el Banco Centroamericano (BCIE) consiguiera $48 millones a Alterra; luego, que un Comité “técnico” recomiende, ante el rechazo por la CGR al alegato de un desequilibrio financiero del Gestor, recurrir a la figura de “un mutuo acuerdo de las partes, ante situaciones no previsibles y para satisfacer el interés público” (¿cinismo?), que por suerte no prosperó.
Pensaron entonces que el BCIE (¡otra vez el BCIE!) comprara la deuda de Alterra a los bancos acreedores -promovido por el director de Costa Rica -, pero estos no aceptaron el alto descuento ofrecido. Mientras, Alterra lleva 20 meses de recibir unos $2 millones mensuales de ingresos del aeropuerto, sin hacer prácticamente nada, y se ha recetado unos $40 millones, para contentera de sus altos ejecutivos que siguen devengando, y de los bancos acreedores, que tienen la esperanza de recibir su tajada en abono a la deuda de Alterra. ¿Cómo no se ordenó retener esos ingresos y así saldar parte de las multas y recuperar lo cobrado en exceso por Alterra?
Vender Alterra. Ahora pretenden vender acciones del dueño mayoritario, Bechtel, a una empresa de su escogencia. Para hacer atractivo el negocio, el MOPT ha dispuesto extender el plazo de contrato a 25 años hasta 2026, lo que daría ingresos adicionales al Gestor por unos $300 millones, y que éste cancele las multas por atrasos que no pagó Alterra. Buscan convenir en un nuevo contrato, sin licitación, con otra ventaja: aumentar el valor de las acciones de Alterra, actualmente depreciadas; así ganaría Alterra –que se marcharía muy contenta con su premio-, ganaría el nuevo Gestor al tener mayores ingresos, ganarían los bancos acreedores al recibir algún pago de la deuda. Solo Costa Rica perdería, con un aeropuerto más caro, 5 años de rezago con los demás países de la región, y sin poder construir un nuevo aeropuerto internacional antes del 2026, debido a la cláusula del contrato que obligaría a pagar una compensación al Gestor por hacerle competencia con otro aeropuerto.
Toda esta pesadilla por no haber tenido el coraje de hacer cumplir a Alterra el contrato, o de habérselo rescindido ante su flagrante incumplimiento. La imagen quedará de que en Costa Rica se pueden modificar los contratos por influencia política. ¿Cuál ha sido el hechizo de Alterra? ¿Las conexiones de Bechtel en la Casa Blanca? ¿Presión de las empresas vinculadas a Alterra, algunas dirigidas por connotados políticos-empresarios?
*Ex ministro de transportes
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