San José, Costa Rica, Viernes 31 de octubre de 2008, 04:57:42.


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• Los detuvieron ayer en Limón:

MÉDICOS COBRAN HASTA $3 MIL POR PERMISO DE SALUD

Paola Hernández Chavarría
phernandez@diarioextra.com

El jefe del Área de Salud de Bribri, una secretaria y un inspector fueron detenidos por el OIJ tras cobrar $3 mil por otorgar permisos para construcciones y locales comerciales.
El jefe del Área de Salud de Bribri, un médico de apellido García, así como una secretaria y un inspector fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público de Limón como responsables de hacer cobros millonarios a cambio de la emisión de permisos sanitarios para comerciales y construcciones de la localidad.

La investigación tardó apenas tres días, después de que un hombre de nacionalidad argentina denunció el 28 de octubre ante las autoridades judiciales que empleados del Ministerio de Salud de Bribri le pidieron $3 mil (equivalente a ¢1,6 millones) para entregarle los respectivos permisos para continuar una obra gris.

Fingiendo estar interesado, el argentino de inmediato comunicó las corruptas intenciones de los empleados públicos, se coordinó la diligencia policial, se marcaron los billetes y se acordó una cita.

El inspector fue detenido este miércoles en un hotel de Cahuita donde se realizaría la transacción, llevaba consigo el dinero previamente marcado; la secretaria cayó en las instalaciones del Ministerio de Salud en Bribri, mientras que el jefe fue detenido durante una reunión en la sede de Limón. Durante las labores se logró decomisar documentos vinculados con varios casos similares, así como computadoras.

Los tres detenidos deberán hacer frente a las acusaciones por el delito de concusión, mientras que el Ministerio Público solicitó ante el juez penal de Hacienda, en el II Circuito Judicial de San José, tres meses de prisión preventiva en su contra y la inhabilitación del cargo mientras terminan las pesquisas.

La ministra de Salud, María Luisa Ávila, indicó que en lo que va del año un promedio de 800 personas han sido separadas de sus funciones por posibles actos de corrupción en las diferentes dependencias a lo largo del territorio nacional.


 
 
 




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