• Según Contraloría General de la República:
PLATA PARA CONSULTORÍAS DEL BCIE NO ESTÁ SUJETA A CONTROL ESTATAL
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
 |
Si bien la Contraloría avaló que los recursos facilitados por el BCIE para pagar consultorías no ingresaran al presupuesto nacional, criticó la falta de controles por parte del Ministerio de la Presidencia sobre el cumplimiento real de las metas asignadas a cada uno de los asesores contratados.
|
Tras casi cuatro meses de estudio, la Contraloría General de la República concluyó que los $2 millones (¢1.116 millones) que usó Casa Presidencial para pagar consultorías no están sujetos a los controles que especifica la legislación costarricense por ser fondos públicos internacionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las conclusiones de la Contraloría fueron dadas a conocer ayer. Según esa entidad, auxiliar del Parlamento en la fiscalización de la hacienda pública, los aportes económicos que ha hecho el Gobierno de Costa Rica para conformar el capital del BCIE han experimentado una transformación en su naturaleza jurídica, convirtiéndose en fondos públicos internacionales una vez que salieron del patrimonio del Banco Central de Costa Rica.
AVAL A MECANISMO PARA EJECUTAR LOS RECURSOS
La Contraloría concluyó que el gobierno sí estaba facultado para pedirle al BCIE que se encargara de contratar y pagar el sueldo de los asesores que sirven en Casa Presidencial, evitando que los recursos ingresaran al presupuesto de la República.
Para el órgano contralor esa modalidad de ejecución del programa de cooperación escogida por Casa Presidencial es la que impide que el uso de los $2 millones se fiscalice según lo ordena la legislación nacional: “En virtud de que la modalidad de ejecución acordada entre el BCIE y el Ministerio de la Presidencia fue la de una cooperación financiera no reembolsable en bienes y servicios, los fondos aportados por ese banco conservan su naturaleza de fondos públicos internacionales, razón por la cual no le aplica la normativa interna de nuestro país hasta tanto ingresen al erario público los productos de la donación”.
LLAMADO DE ATENCIÓN
No obstante el aval al mecanismo de ejecución de los recursos -el más ágil según el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias-, la Contraloría determinó que no existió ningún parámetro para evaluar la eficiencia, eficacia, cumplimiento y evaluación de los programas de asesoría financiados con la plata del BCIE, cuyo fruto el órgano fiscalizador sí considera de carácter público.
“Los objetivos específicos de los proyectos son poco específicos, poco precisos y claros, en razón de que se utilizaron términos ambiguos, lo que impide establecer con precisión el alcance que se pretendía lograr con los proyectos y no facilitan la medición de resultados”, señala el informe en su resumen ejecutivo.
La entidad además subrayó debilidades por parte del Ministerio de la Presidencia -órgano ejecutor del programa de cooperación- a la hora de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de cada consultoría.
Al respecto el informe de la Contraloría agrega: “No se creó o asignó dentro del Ministerio de la Presidencia a alguna unidad administrativa responsable directa del desarrollo de los proyectos, no se establecieron formalmente las funciones de los responsables de cada componente o áreas de los proyectos, no se establecieron formalmente los procedimientos necesarios para la definición de requerimientos, de perfiles de consultores, de evaluación de las consultorías y de los productos que generaron”.
La Contraloría agrega que el Ministerio de la Presidencia no atendió los principios de transparencia y rendición de cuentas expuestos en la Ley General de Control Interno, la Ley de Administración Pública y la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
El ente fiscalizador también señala la falta de celo por parte del BCIE a la hora de controlar que las consultorías efectivamente dieran los resultados planificados.
RECOMENDACIONES Y POSIBLES ACUSACIONES
Tras señalar la falta de mecanismos en el Ministerio de la Presidencia para evaluar la efectividad de las asesorías externas pagadas con plata del BCIE, la Contraloría dispuso recomendarle al Consejo de Gobierno que, para futuros programas de cooperación financiera no reembolsable, gire instrucciones a los órganos rectores en gestión de donaciones para que revisen y fortalezcan la normativa existente en materia de proceso de negociación, formalización, administración, control y evaluación de convenios similares.
La institución también pidió al Consejo de Gobierno que cuando acuerde los términos de convenios como el firmado con el BCIE defina claramente el modelo de ejecución de los recursos que utilizará el país para evitar las ambigüedades que sombrean el acuerdo en cuestión.
La Contraloría también pidió al gobierno definir en próximas ocasiones las metas, objetivos e indicadores que permitan cuantificar el grado de cumplimiento de las metas asignadas a cada consultor.
Finalmente advierte que, a causa de los resultados de la investigación sobre la gestión del Ministerio de la Presidencia, evalúa “las eventuales responsabilidades que puedan originarse producto de este estudio de fiscalización”.
