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GUERRA ENTRE TAXISTAS Y PORTEADORES A TRIBUNALES

MARIETTA ESPINOZA M.

mespinoza@diarioextra.com
Foto: Oldemar Síles

Gilberth Ureña, Maikol Sosa, Roberto Arguedas, asesor legal, y Edgar Castro, de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi, visitaron DIARIO EXTRA para explicar las acciones que adoptarán ante el proceso que siguen los porteadores y que busca la liberalización de la actividad del porteo. (Iz a der).
Taxistas y porteadores se enfrentarán nuevamente, pero esta vez en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, donde la Fuerza Roja presentará una acción de coadyuvancia a favor del Estado Costarricense.

Y es que los porteadores demandaron al Estado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Procuraduría General de la República, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando que estos órganos deben respetar lo que establece el Código de Comercio.

En esta instancia pidieron a los jueces que mientras se resuelve el asunto de fondo establezcan medidas cautelares, entre las que destacan que los oficiales de Tránsito no puedan aplicar partes y que se deje sin efecto el convenio MOPT-Aresep, con el que se sanciona a los porteadores que no ejercen la actividad como se establece.

Según Germán Lobo, del Frente de Lucha por la Defensa de los Derechos del Porteador, el convenio MOPT-Aresep está viciado de nulidad, por eso piden que se reestablezca el contrato verbal.

“Cualquier porteador que se salga de la esfera del derecho comercial, el oficial no solo tiene el derecho sino también la obligación de aplicar la ley ahora y siempre, cosa que no cumplen”, dijo Lobo.

De declararse con lugar la petición de los porteadores, se daría la liberación del servicio y con ello el fin de la actividad del transporte publico regulado, según los taxistas.

“Esta es una situación gravísima para el sector, porque sería una liberación total del sistema de transporte, algo para lo que este país no está preparado. Además, generaría una total inseguridad jurídica donde no se tendría respaldo de nada, ni de nadie; cualquiera podría cobrar las tarifas que quiera y hacer lo que quiera”, explicó Edgar Castro, representante del sector en el Consejo de Transporte Público (CTP).

EL PROCESO

Roberto Arguedas, asesor legal de los taxistas, explicó que el próximo jueves presentarán formalmente la coadyuvancia en la Sala Primera, en apoyo a las gestiones y procesos que aplica el Estado para regular la actividad del porteo.

“Cuando ellos hablan de que el libre comercio, de que la voluntad individual está por encima de los intereses públicos, lo que ellos señalan es que pueden dedicarse libremente a movilizar personas, hablan de turismo, de transporte de personas en general y estudiantes, englobando todo.

Es un riesgo para el sistema de transportes del país, lo que buscan es que estas puertas se abran de par en par”, recalcó Arguedas. La audiencia de los porteadores en la Sala Primera está programada para el próximo 29 de octubre.

Pero el proceso no termina aquí. Posteriormente el Tribunal Contencioso Administrativo deberá realizar una audiencia preliminar y luego el juicio oral y público, proceso que podría resolverse dentro de 12 ó 14 meses, aproximadamente.


 
 
 




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