• Pide cuentas al AyA, Minaet y Municipalidad de Carrillo
CONTRALORÍA ENCUENTRA FALLAS EN FIDEICOMISO SARDINAL
Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com
Fotos: Randall Sandoval
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El informe de la Contraloría da la razón a los habitantes de Sardinal que se oponen al acueducto, pues confirma la falta de estudios que den certeza de suficiente agua, además de fallas a lo largo del proceso que dio vida al acueducto que ya tiene un 70% de avance.
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Un gran alivio sintieron los vecinos de Sardinal que se han opuesto al acueducto que se levanta por empresas privadas y al final sería trasladado a Acueductos y Alcantarillados (AyA) para su operación, luego de que ayer la Contraloría General de la República emitiera el informe sobre el tema tras varios meses de estudio, desde que la Defensoría de los Habitantes pidió explicaciones sobre la forma en que se negoció un recurso público.
Y es que el ente contralor encontró fallas a lo largo del proceso, cometidas por AyA y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) como rector, tanto que incluso ordena anular las cartas de disponibilidad de agua otorgadas.
En el informe la Contraloría indica que hubo ausencia de requisitos importantes y de un marco legal suficiente para regular el proyecto contemplado en la carta de entendimiento que formalizó el AyA con la empresa Coco Water, ya que en ninguna parte de la carta de entendimiento suscrita por la empresa se indica que lo hará al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana.
Cuestiona el órgano contralor que en la carta de entendimiento AyA garantiza el otorgamiento de 5 mil servicios solicitados, y que por la forma en que se plantea se puede alejar preferencia por parte de los desarrolladores sobre el resto de los usuarios.
Además el AyA no conoció el fideicomiso que se utilizó como garantía de los desarrolladores para realizar las obras.
“Debido a dicha omisión no conocieron en principio que en el clausulado de dicho contrato se establecían obligaciones que rozan con el ordenamiento jurídico, tales como las consignadas en la cláusula quinta”, indica el informe.
Esa cláusula establece que se debe entregar cartas de disponibilidad de agua incondicionales a favor de cada uno de los fideicomisarios, y en cada una se dirá que AyA garantizará la cantidad de agua que le corresponda a cada proyecto, algunos como el condominio Pacífico tenía establecidas 550 pajas de 12 milímetros, el proyecto Ocotal Pío, Canelillo BQ tenía 400 pajas de 12 milímetros.
También se cuestiona la cláusula de confidencialidad que se establecía en el fideicomiso, ya que roza contra el accionar de una institución pública.
La Contraloría ratifica que las obras del acueducto que ya están con más de un 70% de avance, iniciaron sin cumplir con los trámites de ley como la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de los impuestos. A esto se suma que inició sin contar con la viabilidad ambiental.
“El Instituto no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización de las obras para que el proyecto se construyera de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema”, explica la Contraloría en su resumen.
Declaró improcedente las 49 cartas de disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales se garantiza la disponibilidad de agua, comprometiendo el suministro de 4.127 servicios.
Considera que AyA ejecutó el proyecto Mejoras al acueducto de Sardinal sin la planificación y programación respectiva.
¿HAY SUFICIENTE AGUA?
Mientras AyA y el Minaet insiste en que hay suficiente agua y los vecinos en pro del proyecto aseguran que el agua brota hasta en el patio de las casas, la Defensoría cuestionó que no había estudios que comprobaran esto, y la Contraloría viene a ratificarlo en este informe.
Se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal que evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5 mil servicios requeridos por los desarrolladores así como la demanda futura para el resto de la población de la zona.
“En aras de la protección del recurso hídrico... el Instituto (AyA) debió autorizar dicho proyecto solo si disponía de estudios hídricos suficientemente detallados... máxime que conforme a lo señalado en el artículo 2 de la ley orgánica el AyA tiene la obligación de promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas”, indica el estudio.
También Senara cuestionó que exista agua suficiente, y no estuvo de acuerdo con el informe dado a conocer por la comisión técnica conformada por el Minaet y que fue presentado a la comunidad de Sardinal a principios de mes.
El estudio realizado por Senara señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatro pozos para el proyecto Sardinal dado que se encuentran ubicados aguas debajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, las cuales se encuentran en estado de sobreexplotación.
El informe de la Contraloría emite recomendaciones para el AyA, el Minaet y la Municipalidad de Carrillo, aunque no sienta responsabilidades sobre ninguna de ellas.
• Guillermo Arce, subgerente general de AyA
“EL ACUEDUCTO ES VIABLE LEGAL Y TÉCNICAMENTE”
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Guillermo Arce, subgerente de AyA.
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El subgerente de AyA, Guillermo Arce, asegura que el acueducto es viable legal y técnicamente, que muchas de las recomendaciones de la Contraloría ya fueron corregidas porque se refieren al proyecto Coco Water en la administración anterior, por lo que no los sorprende.
Destaca que en setiembre de 2006 suspendieron las obras, ordenaron la intervención de la Región Chorotega y elaboraron un reglamento para normar la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, bajo el amparo del cual se trabaja en forma conjunta sector público y privado.
“La Contraloría lo que dice es que si antes del reglamento se otorgaron algunas se deben anular, pero no pone en duda el tema de fondo que es la legalidad del reglamento del artículo 38 y del fideicomiso. Nosotros en este momento hemos otorgado a derecho 1.365 cartas”, explicó Arce.
En torno al tema del fideicomiso que AyA no conoció pese a ser el respaldo de la obra, Arce explica que como no le corresponde a la institución aprobarlo no debe hacerlo, porque lo que aprueba es la carta de compromiso donde se establecen las reglas del juego, los compromisos de AyA y los del sector privado a través del reglamento que lo avala la Procuraduría”, insistió el funcionario.
DEFENSORÍA PEDIRÁ SENTAR RESPONSABILIDADES CLARAS
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El equipo de la Defensoría de los Habitantes estudiaba durante la tarde de ayer el informe de la Contraloría. En la gráfica Luis Richmond, Tatiana Mora, Catalina Delgado y la defensora Lizbeth Quesada.
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La Defensora de los habitantes, Lizbeth Quesada, se mostró satisfecha porque la Contraloría confirmó muchos de los cuestionamientos planteados por ellos sobre la falta de transparencia a lo largo del proceso, el inicio de obras sin los permisos respectivos.
Sin embargo, considera que le faltó al informe del ente contralor sentar las responsabilidades para aplicar la ley de Enriquecimiento ilícito y anticorrupción a los funcionarios que permitieron el avance del proyecto en esas condiciones.
También estará solicitando al consejo de gobierno, como superior jerárquico de la junta directiva de AyA que tome medidas para sancionarlos por haber permitido el avance del proyecto sin los permisos respectivos y sin garantía de que haya agua suficiente.
Dado que al frenarse el acueducto por no ser rentable la cantidad de agua que se puede suministrar a los desarrollos turísticos, los miembros del fideicomiso pueden demandar al Estado y es importante que se tenga claridad sobre los responsables para que no sean todos los ciudadanos con sus impuestos quienes deban hacerle frente a ese error.
