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• Detienen también abogado y empleados del ICE:

ATRAPAN SUBJEFE DE LA DIS POR FRAUDES

• Les decomisaron ¢9 millones y documentos falsos

• Presidencia intervendrá en Seguridad Nacional

Paola Hernández Chavarría
phernandez@diarioextra.com
Fotos: Víctor Benavides

La Dirección de Inteligencia y Seguridad, en La Sabana, fue allanada ayer. El subjefe de esta dependencia del Ministerio de la Presidencia, Roberto Guillén, cayó en manos del OIJ por sospecha de estafas.
Una larga y pesada investigación a cargo de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió desarticular una banda que según estimaciones ha estafado por más de ¢200 millones a varios empresarios nacionales.

En 14 allanamientos realizados la mañana de ayer en Calle Fallas y San Juan de Dios de Desamparados, la Uruca, Hatillo 4 y Hatillo 8, Tirrases, Granadilla de Curridabat, López Mateos, San Antonio de Coronado, Barrio Córdoba, Concepción de Tres Ríos y La Sabana se logró capturar a nueve miembros de la agrupación, entre los cuales hay burócratas y particulares con amplio expediente delictivo.

DETENCIONES ASOMBRARON

Las detenciones causaron más que asombro cuando las autoridades revelaron que entre los sospechosos figuraban Roberto Guillén, subjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); Eduardo Artavia Barrantes, empleado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y un ex trabajador de esa institución identificado como Augusto Ernesto Artavia Solano.

Además seis hombres identificados como Alejandro Calvo Artavia, Carlos Valverde Segura, Héctor Danilo Ruiz Bermúdez, José Miguel Sánchez Rojas, el abogado German Segura Segura y Santiago Herrera Arias.

Francisco Segura, director a.i. del OIJ, indicó que esta organización delictiva se dedicaba a clasificar a sus potenciales víctimas haciendo uso de los servicios de una empresa nacional que vende información de personas físicas y jurídicas como datos personales, bancarios, judiciales, sociedades anónimas, bienes muebles e inmuebles.

INFORMACIÓN PERSONAL

Con este conjunto de datos, los cuales estableció la policía eran obtenidos haciendo uso de la clave personal de Guillén, procedían a realizar las estafas millonarias por tres métodos: suplantación de identidad, uso de cheque falso y “phishing”.

Teniendo información en mano de las potenciales víctimas, en su mayoría adineradas y que manejaban negocios, confeccionaban desde chequeras hasta cédulas de identidad falsas, así podrían realizar diligencias en bancos, solicitudes de tarjetas de crédito y demás gestiones en forma fraudulenta.

Llegaban al extremo de visitar las agencias del ICE para indicar que habían perdido teléfonos celulares o necesitaban cambiar números, esto para desviar las llamadas de los estafados e intermediar en sus asuntos financieros y personales.

Es así como el funcionario de la compañía telefónica, su sobrino y un ex empleado alteraban el orden de los armarios telefónicos, permitiéndoles así intervenir también en sus llamadas.

CONFIANZA CON GUARDAS Y “PESCADORES”

Otra de las modalidades que usaba esta banda era ganarse la confianza de los agentes de seguridad privada de las compañías para que les permitieran entrar en horas de la noche. Entraban a las oficinas, no robaban nada pero sí revisaban la papelería, en especial los cheques. Escogían algunos para duplicarlos y estafar. Además por medio del “phishing” lograban su cometido, obtener información confidencial para cometer los fraudes.

Este tipo de estafa se logra mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria.

El estafador, conocido como “phisher”, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, incluso utilizando también llamadas telefónicas.

SIETE AÑOS DE CONSULTAS

El OIJ en una investigación que duró más de un año determinó que con la clave de Roberto Guillén se hicieron unas 6 mil consultas de personas y empresas entre 2001 y 2008; de ellas, en 14 hubo ofendidos por casos de estafas.

En la diligencia policial se decomisaron ¢9 millones en efectivo, documentos que son evidencia importante en el caso, una máquina para copiar números de cheques y otra papelería.


• Separan del cargo al subdirector cuestionado:

METERÁN BISTURÍ EN SEGURIDAD NACIONAL

Gerardo Sáenz Valverde
gsaenz@diarioextra.com

El viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, dijo que las investigaciones seguirán para determinar lo ocurrido con el subjefe de la DIS y el uso de recursos del Estado para fines delictivos.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) será sometida a una investigación profunda por parte de las autoridades del Ministerio de la Presidencia, tras la detención del subdirector de esa dependencia, Roberto Guillén, sospechoso del delito de estafa.

El viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, dijo ayer tras la sesión del Consejo de Gobierno que el fiscal general Francisco Dall’Anese se comunicó con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para informarle del operativo realizado por las autoridades judiciales.

“La reacción del ministro Arias y la del Ministerio de la Presidencia es de absoluta cooperación. Hemos puesto a disposición de la Fiscalía todo lo que se requiera para realizar la más amplia investigación.

De hecho, algunos fiscales visitaron por la mañana de ayer la Casa Presidencial”, subrayó.

Thompson dijo que se nombró a la directora general de la Presidencia, Salomé Casorla, para que se reúna con algunos fiscales y evalúe las pruebas que ellos consideran evidentes.

En torno al futuro de Guillén, Thompson indicó que se está a la espera de las evidencias que presente el Ministerio Público y será decisión del ministro Arias si lo separa del cargo para que se efectúen las investigaciones correspondientes a través de los tribunales de justicia.

Thompson dijo que se realizarán investigaciones en el seno de la DIS para determinar si hay más funcionarios involucrados en el caso. No obstante, su director Roberto Solórzano se encuentra fuera del país y ayer era localizado para que retorne a Costa Rica y adopte las medidas más adecuadas en esa dependencia.

El funcionario agregó que era muy prematuro hablar de “intervenir” la DIS, no obstante se efectuarán todas las investigaciones para llegar hasta el fondo del asunto.


 
 
 




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