Persecución a la sociedad civil organizada en Nicaragua
Carlos Tünnermann Bernheim (*)
No de otra manera podemos calificar lo que está sucediendo en Nicaragua con los organismos de la sociedad civil organizada, varios de los cuales se encuentran bajo un proceso de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, por gestiones del Ministerio de Gobernación. Hasta ahora no ha sido posible que la Fiscalía informe a los investigados de qué delito se les acusa ni por qué son investigados. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la propia Fiscalía han aludido a un “posible” lavado de dinero y a la “triangulación” en la canalización de recursos.
Nada más absurdo que esta sospecha, desde luego que parte de un concepto totalmente equivocado sobre el delito de lavado de dinero, el cual tiene como elemento esencial y tipificante el origen ilícito de los fondos que, precisamente, se trata de “lavar”. ¿Alguien, en su sano juicio puede concebir que los fondos que proporcionan los organismos internacionales de cooperación pudieran tener un origen ilícito? La simple sospecha es en sí una ofensa gratuita a decenas de organismos, que por años han sido generosos con Nicaragua, y cuya mayor ayuda la ha captado el propio Gobierno y entidades vinculadas a él.
Tampoco merece una investigación de parte de la Fiscalía lo que se ha dado en llamar “triangulación”, desde luego que si los fondos son lícitos el hecho de transferirlos a otro organismo, siempre que así sea convenido con la entidad donante, no representa ningún delito, desde luego que este tipo de operaciones no está tipificada en el Código Penal como delito.
Otra arbitrariedad que se está cometiendo son las citas a la Fiscalía de representantes de estas organizaciones, a quienes al momento de interrogarlos, por varias horas, no se les comunica la razón del interrogatorio, ni se les informa, aunque así lo demanden los interrogados, sobre el supuesto delito de que se les acusa. Con esto se está violando otra garantía constitucional, prevista en el artículo 26 inciso 4 de nuestra Carta Magna, cuando consagra el derecho de las personas “a conocer toda la información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esa información”.
Por la forma que se está procediendo, lesionando claras disposiciones constitucionales, resulta evidente que el Gobierno lo que persigue es castigar o atemorizar a los organismos de la sociedad civil, especialmente aquellos que se distinguen por su trabajo en pro de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos y que, en cumplimiento de sus objetivos, han hecho públicamente críticas al actual gobierno por su carácter autoritario y su propensión a desconocer el Estado de Derecho y los derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, entre los cuales están los fundamentales de la libertad de expresión, de asociación y manifestación pública.
Reprimir o perseguir a los organismos de la sociedad civil por actuar cívicamente en defensa de tales derechos, es dar señales inequívocas de que lo que se quiere es establecer en Nicaragua una nueva dictadura, igual o peor que la somocista, a la cual se ha comenzado a imitar con el uso de turbas violentas y vociferantes, al mejor estilo del somocismo.
¿Es que, de ahora en adelante, exponer libremente el pensamiento, como ciudadano responsable, es un delito que merece ser investigado por la Fiscalía? La sociedad civil organizada y el pueblo nicaragüense en general, cuyos derechos humanos más caros están en gran riesgo, no pueden permitir que esto suceda, salvo que nos resignemos a soportar una nueva dictadura.
* Ex ministro de Educaciòn, ex embajador, Miembro del Consejo Ejecutivo del “Movimiento por Nicaragua”.
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