PRISMA
DECLARAR LOS CALZONES
Por Mario Ugalde C.
Subdirector
mugalde@diarioextra.com
En un mundo corrupto como en el que vivimos, indudablemente las leyes son muy importantes porque vienen a poner límite a los abusos que puedan cometer los seres humanos. Se trata de una advertencia para que las personas sepan que si cometen alguna fechoría se le aplicará el castigo que indican las ordenanzas, lo que se busca es evitar la proliferación masiva de los delitos, hasta aquí todo está muy bien.
Sin embargo, muchas veces las leyes se exceden, o los encargados de interpretarlas y aplicarlas se van a extremos absurdos que rozan con lo ridículo, por ejemplo, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública obligaba a los empleados públicos que ocupan altos cargos a declarar todos los años los bienes adquiridos para su uso personal y de sus familiares, pereciera que tenía absoluta lógica porque con ese control se evitaría que los funcionarios se hagan ricos de la noche a la mañana apropiándose de los dineros públicos, lo que no está bien es que deban entregar un listado exacto con la ropita de las hijas, los electrodomésticos y hasta los calzones de la esposa, a todas luces esa situación es excesiva y ridícula.
Una cosa es que se les obligue a decir de dónde sacó el dinero para comprar una casa que vale un millón de dólares, y otra muy distinta tener que detallar que “en el último año le compré dos calzoncillos azules a mi hijo y dos calzones rosados a mi hija, y que dicho sea de paso uno ya lo desechemos porque se le hizo un hueco”, ¿verdad que no tiene sentido? ¿Qué les importa a los funcionarios de la Contraloría General de la República este tipo de pequeñeces? Por estar analizando esas menudencias no les alcanza el tiempo para detectar los grandes fraudes.
Por dicha y luego de muchos años de lucha, la Sala IV, en su resolución 7689-08 falló a favor de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un funcionario de apellido Coto Rojas, con lo que desde ahora los empleados públicos de “alto nivel” ya no tendrán que declarar su ropa de uso personal ni la de sus allegados, además, los jerarcas tampoco deberán contarle a la Contraloría si compraron electrodomésticos, muebles y otros artefactos de uso doméstico.
¡Genial señores magistrados! No era razonable que 11 500 empleados del Estado obligados a declarar sus bienes tuvieran que explicar de donde y por qué habían comprado un juego de cucharas para uso diario en sus casas de habitación, esos son los excesos absurdos que seguramente -en el caliente- los legisladores no midieron las consecuencias que podrían generar.
Ahora bien... subsanado el horror, perdón el error; no entiendo por qué, si la ley establece que el 22 de mayo de cada año es la fecha límite para presentar la declaración de bienes, hasta este momento únicamente 1 554 empleados públicos -de los 11 500 obligados a declarar- han realizado el informe, eso equivale al 13% del total de los trabajadores. Muchos incluso ponen en peligro sus empleos porque olvidan cumplir con la exigencia de la ley.
Declaren señores... el que nada debe nada teme; si sus bienes han sido adquiridos con dineros bien habidos, no hay por que esconderse, entiendan que la declaración lo que busca es probar la honradez y honorabilidad de los funcionarios públicos, de ustedes depende que la gente cambie ese concepto de que en el Estado trabajan un montón de sinvergüenzas…
