Y todo en paz con la naturaleza...
• El artículo 50 de la Constitución Política le da al Estado el mandato de garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y económicamente equilibrado, pero el desmantelamiento funcional de que ha sido objeto reduce este postulado a un mero canto de sirena
Alvaro Madrigal (*)
So pretexto de atraer inversión extranjera y de fomentar el empleo, se presiona la remoción de los de por sí vulnerables muros de contención que aún defienden lo que resta del patrimonio de la naturaleza en Costa Rica. Los nuevos alquimistas que hoy brotan aquí como maleza, con poder económico y con influencia política, no se detienen ante ninguna barrera ética, legal o material. Sin pausas para la reflexión, afanosamente, buscan la piedra filosofal con que multiplicar sus áureas posesiones. Por eso la depredación en montañas y playas, la usurpación de los mantos acuíferos y el retorno a la minería a cielo abierto, son muestra de su codicia.
La rampante corrupción y la ineptitud institucional echan viento a las velas de esta marina depredadora que le saca provecho a un Estado, de cuyas funciones ha sido virtualmente despojado. El artículo 50 de la Constitución Política le da el mandato de garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y económicamente equilibrado, pero el desmantelamiento funcional de que ha sido objeto reduce este postulado a un mero canto de sirena. Igual ocurre con las sentencias de la Sala Constitucional, que privilegian el derecho de las personas a un ambiente sano y libre de contaminación, por encima de todo interés por promover el desarrollo económico o el empleo.
Camino contradictorio. El último Informe sobre el Estado de la Nación (IEN) acusa la fuerte presencia de una dinámica económica que hace nugatoria la normativa dictada para amortiguar los impactos ambientales. La gestión ambiental por parte de las municipalidades enfrenta serios problemas agravados porque sólo el 36% de ellas posee alguna estructura administrativa a cargo de estos temas. Y en cuanto a los planes reguladores del uso del suelo, denuncia su obsolescencia cuando no su limitación o –algo peor- su inexistencia, junto a las débiles capacidades institucionales para el control ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Ese mundo propicia los atropellos a la naturaleza por parte de los agentes económicos y hacen que Costa Rica –puntualiza el IEN- transite por un camino contradictorio, entre una imagen ecológica fuertemente arraigada, y la profunda huella de impactos ambientales que dejan las acciones humanas, y que se hace más honda por la falta de planificación en el uso del territorio. “Esto evidencia en el país una tensión entre el notable crecimiento económico y la protección ambiental”, dice.
Lo que sucede con el recurso ictiológico es igual que lo que acontece con las reservas forestales. La ley limita la acción del hombre, pero no hay autoridad que se ocupe de aplicarla. Esta grave falencia es la que llena de temores y sospechas a los habitantes de Puerto Viejo de Talamanca y de Sardinal de Carrillo, aquéllos por un ambicioso fondeadero de yates, y éstos por el trasvase de sus reservas acuíferas. ¿De qué servirán las promesas de políticos y alquimistas empresarios en un contexto marcado por graves fallas y desbordadas ambiciones?
Falacia argumental. Las últimas perlas de este estuche de joyas son las reformas a la legislación sobre marinas “para que el inversionista se sienta más seguro jurídicamente”, con la falacia argumental de que las garantías ambientales no pueden seguir siendo excusas para frenar el desarrollo. Y la nueva versión de la Ley de Aguas que preserva el acceso de los operadores privados a los servicios de abastecimiento de agua potable (privatización de un servicio que hasta 1995 estaba reservado al Estado y las municipalidades). Como el TLC con Estados Unidos consagra esta privatización, y como en Costa Rica los tratados internacionales están por encima de las leyes, restituir la exclusividad del servicio en los órganos estatales requeriría elevar esta regla prohibitiva a rango constitucional.
Aquí hay fuerzas que están subestimando las voces de la disensión y que abusan de su poder financiero y político. Pero -como a la Wermacht de Hitler- pueden toparse con el “General Invierno” que las obligue a batirse en retirada.
Así están las cosas en esta Arcadia cuyo gobierno juega de prestidigitador de la realidad con un plan que pregona PAZ CON LA NATURALEZA.
• Ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica
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