• Viviana Martín, viceministra de Transportes:
LAS INTERSECTORIALES SON LA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE UN TRANSPORTE EFICIENTE
MARIETTA ESPINOZA M.
mespinoza@diarioextra.com
Fotos: Graciela Solís.
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La viceministra de Transportes, Viviana Martín, visitó DIARIO EXTRA y conversó con nuestro director y subdirector, William Gómez y Mario Ugalde, sobre la polémica desatada con las rutas intersectoriales. Según dijo ahora solo falta que los Tribunales resuelvan a los múltiples trámites que se han hecho para que estos buses empiecen a andar.
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Pese a las múltiples críticas que ha recibido el proyecto de las rutas intersectoriales y la decisión del Tribunal Administrativo de Transporte, de paralizar la entrada en operación de estas rutas, la viceministra Viviana Martín, insiste en que el país no puede darse el lujo de seguir sin hacer realidad este proyecto. Y es que esta es una iniciativa que ha estado “engavetada” desde hace 27 años, debido a las presiones que algunos empresarios han ejercido sobre los gobiernos de turno.
La funcionaria visitó DIARIO EXTRA donde conversó con nuestro director y subdirector, William Gómez y Mario Ugalde, respectivamente.
Aquí aclaró todos los cuestionamientos que se le han hecho al proyecto y se refirió a la polémica decisión que frenó en seco el arranque de las intersectoriales o interlíneas, como también se le conocen.
-¿Cómo tomaron la decisión del Tribunal Administrativo de Transporte?
-Para nosotros no es sorpresa que nos hayan parado, a pesar de que todo estaba listo. Lo que realmente sorprende es que haya sido un día antes.
-¿Qué fue lo que objetó el Tribunal?
El Tribunal cancela, anula las 7 rutas intersectoriales a pesar que Barrantes Araya peleó puntos de una, porque alega que se dio permiso y no concesión. El artículo 3 de la Ley de Transporte Público faculta a la administración para otorgar concesiones y permisos. Prueba de ello es que casi el 100% de las rutas han salido como permisos, hoy el 70% de las rutas son permisos, de 730 rutas, alrededor de 420 son permisos. Es el mecanismo ideal para este caso.
-¿Si se tenía la opción de sacar una concesión o un permiso por qué se escogió este último?
-La ley y la jurisprudencia nos faculta para hacerlo. Además, una cosa es modelar las intersectoriales, decir cuántas paradas va a tener, cuál es el recorrido, cuántos buses se necesitan, cuál es la frecuencia de viaje, pero hasta que no lo saquemos a la calle no sabemos como funciona. Pueden ser que las 450 paradas sean muchas y nos ocasionen muchas presas, puede ser que la cantidad de buses sean muy pocos y que se requieran 150, o que se pasa por una calle muy angosta y sea necesario trasladar su recorrido en 100 metros.
Todo esto lo permite el permiso, calibrar el sistema, pero no una concesión que es inflexible y rígida. En el momento que se adjudica la administración no puede ordenar cambios.
Aquí el norte es el usuario, no son los empresarios, ni el Estado. Las rutas intersectoriales son para dar respuesta a la necesidad de un transporte eficiente.
Ante esto le sorprende a uno que un Tribunal haya anulado las siete rutas intersectoriales, porque salió como permiso y no como concesión. La gravedad de esa afirmación es que si es así, colapsa el país, porque el 70% de las rutas hoy en día operan con permisos.
-¿Se ha dicho que los miembros de este Tribunal hablaron con ustedes y que ustedes no les hicieron caso?
Eso no es correcto. Estuvieron conmigo, nuestro abogado asesor y el Presidente del CTP. En esta reunión, tres días antes, se habló exclusivamente de que nosotros teníamos recursos y recursos de revocatoria pendientes de resolver y que deberíamos tener una mejor coordinación. Nosotros no tenemos ningún recurso pendiente de resolución.
En ningún momento nos dijeron que iban a anular las intersectoriales, nunca nos preguntaron por que el permiso y no una concesión, si desde hace dos meses los diarios venían hablando de que las intersectoriales se habían dado en permiso y no en concesión.
¿Quién nombra al Tribunal de Transporte Público y qué piensa usted de ellos?
Los nombra el mismo ministerio, ellos tiene cerca de seis años de nombrados y soy respetuosa del Tribunal, lo que sí creo es que ya son varias las veces que el CTP toma un acuerdo y el Tribunal ordena reinstalar el operador y luego la Sala Constitucional nos da la razón.
Lo mismo está pasando con el tema de Tapachula. Nos paran el inicio de un proyecto enorme un día antes, no a nosotros sino al país.
¿Se puede confiar en toda la gente que está dentro del Consejo de Transporte Público (CTP)?
Hablemos las cosas como son. No, no podemos confiar en todos, se ha hecho todo un proceso de limpieza pero falta, sobre todo que es muy difícil despedir a una persona.
Por eso decidimos contratar a una persona externa como director del proceso y un equipo de unos 15 profesionales entre técnicos, abogados, financistas, administradores que nunca hubieran tenido una relación directa con transportistas, precisamente para evitar esas amistades y relaciones, un poquito extrañas.
Con base en ello empezamos a diseñar un proyecto sustentado en el estudio de Prugram y evitando cualquier foco de corrupción. Cada vez que se tenía que hacer una votación, comentarios, generar ideas inmediatamente se pedía a algunos que salieran del recinto y que volvieran a entrar una vez agotado el tema.
Tenemos una ley que es la que nos obliga a conformar la Junta Directiva, que pone en esta silla al representante de los taxistas, al representante de los usuarios y este país que es realmente tan pequeño, evidentemente el transportista tendrá intereses, el de los usuarios o el represente de transportes, siembre ha tenido estas relaciones.
¿La Ley prohíbe o sanciona personas que tengan relaciones con el sector o familiares?
No existe una ley que prohíba tener en Junta Directiva a familiares de los transportistas o a personas que tengan intereses con transportistas, lo que sí sanciona la Ley es que voten a favor de alguien en particular.
-¿Por qué se gastaron ¢100 millones en publicidad?
-Según se establece en la misma Constitución Política todos tenemos el derecho de sentirnos informados, por ejemplo, cuando se cerró la avenida 4 se hizo un caos, la queja principal fue, ¿por qué no se les informó a los usuarios?
El Estado tiene el deber de informar, el Estado da en concesión el transporte público, pero el deber de promocionar el transporte público lo tiene el Estado.
No queremos ante un proyectazo, mediante el cual queremos modernizar el transporte público y donde el 70% de la población se maneja en autobús, que la gente esté desinformada. No hay que verlo como un gasto; de manera ordenada sacamos un cartel.
En ninguna parte de la publicidad se promociona a ninguna empresa, promocionamos un proyecto nuevo en el país, ¿dónde están las paradas?, las rutas, el recorrido.
Aquí el interés público muchas veces se sacrifica por el interés de tres o cuatro transportistas, a quienes se les toca el bolsillo, en vez abrazar el proyecto. Ya no es solo ahorrar yo como costarricense, pero generalmente quienes pierden de un proceso público empiezan a presentar recursos.
-¿Por ahí se cuestionó la rapidez del proceso?
-Parte de nuestra lucha ha sido procurar ser ejecutivas y eficientes; pusimos todo un equipo para que, apegados a la ley, pudiéramos sacar un proyecto que durante 27 años durmió el sueño de los justos.
Se nos ha dicho que por qué se dieron solo cuatro días desde el momento en que se publicó el marco de puntuación y que se presentaran las ofertas. Y de inmediato uno se remite al artículo 60 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa donde se indica que se deben dar tres días y nosotros dimos cuatro días.
-¿Por qué los buses vinieron dos meses antes?
-Aquí hay dos razones que explicar. Existe la Ley 7600 mediante la cual se indica que el 15% de los buses se tienen que renovar, nuevos con rampa, de lo contrario se tiene que dar un proceso de cancelación.
Muchos se preguntan por qué estos buses específicos. El empresario que operaba la ruta Santa Ana- San José, trajo estos buses, pero no pudieron empezar a operar porque el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó reinstalar a Tapachula hasta el 2010. Entonces este antiguo operador se queda con 46 buses y a través de acuerdo entre los empresarios logra entrar al consorcio de las intersectoriales y de ahí vienen esos buses.
Los buses no eran todos amarillos, eran blancos y azules, aunque la mayoría eran amarillos porque este es el color de seguridad vial internacional.
El pecado sería que se hubieran dado puntos al color amarillo, que para arrancar tenían que ser amarrillos, o que se beneficiara o perjudicará a alguien por el color amarillo.
-¿De dónde salen el casi millón de personas que transportarían las intersectoriales?
-Es una mezcla de usuarios nuevos y de pasajeros de las mismas rutas. De muchas personas que conforme vayan adquiriendo confianza en el sistema empezarán a utilizarlo, ya que no tienen que hacer trasbordo, no van a mojarse y tendrán un menor recorrido. Además, cuando se empiecen a sacar los otros buses ganarán tiempo.
¿De qué depende que las intersectoriales entren en operación rápidamente?
Nosotros, el Consejo de Transporte Público, tenemos presentado un recurso de aclaración, adición y de oposición ante el Tribunal.
Este recurso de oposición permitiría al Tribunal que ellos recapaciten.
Después, los transportistas han presentado ante el mismo Tribunal un recurso de nulidad absoluta, de recusación contra los tres jueces por haber adelantado criterio y también presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, por violación al debido proceso.
Ahora debemos esperar que se resuelvan los recursos que se han presentado. El proyecto esta listo para iniciar.
Esperamos que este país defienda un interés público por encima del interés de tres o cuatro empresarios.
Costa Rica no puede venderse, ni ceder en la lucha que tienen unos pocos contra una gran cantidad de usuarios.
¿Qué le diría usted a la gente que critica la forma en la que usted ha defendido este proyecto?
Como no voy a defender a un país completo que clama por un transporte público eficiente, independientemente de cómo se llame la empresa.
• “Aquí el interés público muchas veces se sacrifica por el interés de tres o cuatro transportistas”
• “Costa Rica no puede venderse, ni ceder en la lucha que tienen unos pocos contra una gran cantidad de usuarios”.
• “Las rutas intersectoriales son para dar respuesta a la necesidad de un transporte eficiente”
• “Este proyecto ha dormido el sueño de los justos desde hace 27 años”
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