• Por vicios de nulidad en el procedimiento:
TRIBUNAL SUSPENDE ENTRADA DE SERVICIO INTERSECTORIAL
• Tribunal advirtió a CTP frenar adjudicación.
• Investigación de DIARIO EXTRA también encuentra lazos familiares entre miembros del CTP y empresarios del consorcio favorecido.
• CTP utilizó dineros públicos para publicitar el servicio que daría empresa privada.
• CTP autorizó traslado de buses para la intersectorial.
Adrián Marrero Redondo
amarrero@780america.com
Fotos: Rándall Sandoval
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Los 60 buses amarillos que el consorcio MPT S.A. adquirió para la operación de las nuevas rutas intersectoriales se quedarán por ahora guardados.
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El Tribunal Administrativo de Transporte, en su resolución TAT 1696-2008 dejó sin efecto todos los acuerdos tendientes al inicio del servicio intersectorial que estaba previsto para mañana.
La empresa de autobuses Barrantes Araya S.A., una de las que perdió la licitación, presentó un recurso de apelación en subsidio y nulidad
absoluta contra el acuerdo número 02-2008 del 7 de marzo del 2008, donde se ampliaba el plazo para la recepción de ofertas y se incorporaba una nueva tabla de calificación.
El Tribunal le dio la razón a la empresa Barrantes Araya, ya que consideró que con el acuerdo del 7 de marzo, se modificaba lo establecido en la sesión del 14 de febrero, donde se autorizaba a invitar a las empresas a participar en la licitación de dicho servicio.
En el apartado dos del por tanto, el Tribunal señala: "En consecuencia por este acto queda sin efecto ni valor alguno el precitado artículo 4 de la sesión extraordinaria 02-2008 del 7 de marzo del 2008, celebrada por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público".
Por su parte, el por tanto IV apunta: "Se previene al Consejo de Transporte Público que debe de inmediato comunicar a la empresa que haya resultado adjudicada para operar las rutas intersectoriales que en virtud de lo que por este acto se dispone carece de fundamento jurídico la entrada en operación de estos servicios.
CTP ADVERTIDO POR EL TRIBUNAL
La resolución TAT 1654-2008 del Tribunal Administrativo de Transporte del 19 de mayo del 2008, ya le había advertido al CTP que no debía continuar con el proceso de las intersectoriales, hasta que existiera un fallo de las apelaciones, sin embargo este siguió adelante.
En el por tanto IV se detalla: "... la firmeza del acto de otorgamiento del permiso de operación se adquirirá cuando este tribunal resuelva todos los recursos en alzada presentados contra dicho acto".
LAZOS FAMILIARES EN EL PROYECTO
Una de las primeras dudas que nacen con este proyecto son los lazos familiares existentes entre quienes conforman el Consejo de Transporte Público (CTP) y socios o funcionarios de la empresa MPT S.A., la que al final ganó la licitación y que ahora ha sido descalificada por el Tribunal.
La oferta técnica, financiera-contable, administrativa y jurídica, para optar por la operación de las rutas intersectoriales en el área metropolitana de San José, de la empresa privada MPT S.A. fue elaborada por el Ingeniero Iván Moya Acuña.
Moya Acuña es hijo de Ana Isabel Mayela Acuña Martínez, quien es la actual esposa de Rafael Chan Jaén integrante del CTP y mano derecha de la Presidenta de este organismo, la viceministra Viviana Martín.
Pero las relaciones familiares entre el CTP y la empresa a la que se le adjudicaron las intersectoriales no terminan ahí.
Uno de los miembros de este consorcio es Mario Bermúdez Fallas, quien representa a la empresa Autotransportes de Desamparados S.A.Bermúdez Fallas es el esposo de Gledys Corrales Corrales y esta señora es la hermana de Sara Virginia Corrales Corrales, quien es integrante del CTP, es decir, son cuñados.
Pero quizás el integrante del CTP quien tiene intereses mayores en la aprobación de este proyecto, es el empresario Jorge Herrera Ocampo, quien además de ser integrante del CTP pertenece a la empresa Coopana R.L., integrante también del consorcio al que se le otorgó la operación de las rutas intersectoriales.
MILLONARIA CAMPAÑA PARA EMPRESA PRIVADA
Esta relación de familiares y hasta integrantes del Consejo de Transporte Público con el consorcio al que se le adjudicó el servicio intersectorial, quizás explica la razón por la que el CTP acordó invertir ¢100 millones en una campaña publicitaria a favor del servicio que prestaría el Consorcio Trasporte Sectorial MPT S.A. Esos ¢100 millones fueron invertidos pese a que la licitación dejaba claro que la empresa ganadora del concurso se encargaría de realizar su propia campaña.
En la matriz para la evaluación de las ofertas de rutas intersectoriales se establece que el plan de comunicación y promoción del servicio tendrá un 5% en la calificación final, lo que al final no se cumplió.
TRASLADO DE FLOTILLA
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó a DIARIO EXTRA que las rutas intersectoriales empezarían a operar con 60 buses nuevos y 39 usados.
Este medio supo que de las unidades usadas 19 se encuentran operando en las empresa que conforman el consorcio, algo que la misma viceministra Martín aceptó.
"Es un tema de interés público con toda una fundamentación jurídica para que en el lapso, no más de dos meses, se puedan utilizar estos buses en las intersectoriales", dijo.
Aunque tratamos de conocer la posición de la viceministra de Transportes, Viviana Martín, no fue posible ubicarla anoche y por medio de un comunicado de prensa se indicó que una vez conocido el fallo del Tribunal se comunicarán las medidas a aplicar.
Relaciones CTP-empresa
• María Elena Fonseca, abogada de Barrantes Araya:
"EL TRIBUNAL NOS DIO LA RAZÓN"
La licenciada María Elena Fonseca, abogada directora de la empresa Barrantes Araya, se mostró muy satisfecha con la resolución que les da la razón.
"Esto tiene que licitarse porque se dio un permiso, la licitación tiene que ir a un concurso público, hay que hacer un cartel de licitación, puede participar cualquiera en igualdad de condiciones y no le pueden cambiar las reglas", explicó.
Pero el recurso resuelto no es el único que el Tribunal Administrativo tiene en sus manos, otras dos empresas también denunciaron una serie de irregularidades y que aún no han sido resueltas.
Uno de los principales argumentos de las empresas que se consideraron afectadas fueron las condiciones en las que se dio el permiso: "Primero pusieron unas condiciones y luego mediante una tabla introdujeron nuevos requisitos que eran muy difíciles de cumplir en esos cuatro días que dieron, a menos que uno hubiera tenido información de previo", acotó.
Otra de las irregularidades que se cuestiona es que el CTP asumió como suyo el proceso de publicidad, cuando esto le correspondía enteramente a la empresa.
