• Diputados crearían penas:
“GAVILANES” IRÍAN A PRISIÓN
• Proyecto sugiere que se confisquen bienes y se suspendan servicios a clientes de tramitadores ilegales.
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
 |
Fernando Sánchez, diputado de Liberación nacional.
|
El diputado Fernando Sánchez de Liberación Nacional, presentó a la corriente legislativa un proyecto para tipificar como delito el “gavilaneo”, intermediación que realizan individuos de manera ilícita para que un tercero obtenga más rápido un bien o servicio otorgado por el Estado.
GAVILANES ENJAULADOS
El proyecto contempla la creación del delito de venta ilegal de servicios públicos.
Para castigar esa infracción Sánchez propone de 2 a 4 años de cárcel para quien comercie ilícitamente con los servicios que deben prestar las entidades públicas, sin ser funcionario público, es decir, evadiendo los controles y trámites establecidos o utilizando datos falsos.
Además, la ley castigaría con la misma pena a quienes encubran a gavilanes y funcionarios públicos que cobren por agilizar los servicios de las instituciones.
El castigo será de 3 a 6 años de cárcel cuando el que cobre por agilizar trámites en instituciones del Estado, sea un funcionario público.
Si se tratara de una red dedicada al gavilaneo, sus integrantes podrían ir a prisión hasta por 8 años.
La iniciativa de ley también estipula condenas para aquellos que se valgan de documentos falsificados para obtener más rápido un servicio público.
En ese caso, quien se valga de ese mecanismo, irá de uno a 6 años a la cárcel.
En tanto, quien haya intercedido o suministrado el documento falsificado, deberá descontar entre dos y seis años de cárcel. Si fuere un funcionario del Estado, la pena será de tres a ocho años.
En todos los casos, los condenados no podrán hacer uso de la ejecución condicional de la pena.
Pero el liberacionista Fernando Sánchez no solo propone penas contra los tramitadores ilegales. También los clientes de éstos sufrirían las consecuencias por no hacer fila como todos los demás usuarios.
Las personas que hayan recurrido a un gavilán para obtener un bien o servicio otorgado por el Estado, perderán lo que hayan adquirido por medio de la intermediación ilícita.
“Si alguien consiguió una licencia de conducir, una patente municipal, la idea es que ese permiso sea suspendido de inmediato, de comprobarse que lo obtuvo a través de un gavilán, brincándose los trámites que exige la ley.
Lo mismo si una persona adquirió una casa mediante un gavilán que le consiguió un bono de la vivienda ilegalmente. Ese bien volverá a ser propiedad del Estado”, afirmó Fernando Sánchez.
El legislador consideró que el gavilaneo debe desaparecer por los perjuicios causados a los demás usuarios de servicios públicos que sí cumplen con los trámites estipulados.
Además, dijo Sánchez, en muchos casos los gavilanes se convierten en estafadores, al cobrar cuotas con la promesa de conseguir rápidamente un bien o servicio y al final esfumarse con el dinero adquirido.
“Estamos claros que el primer paso para resolver este tipo de problemas es la eficacia y eficiencia de la administración pública.
No obstante, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras exista este tipo de engaños, con el que juega con la inocencia y necesidad de la gente.”, concluyó el legislador.
CASTIGOS POR “GAVILANEAR”
DELITO CASTIGO
Comerciar ilícitamente con los servicios de las instituciones públicas, sin ostentar la calidad de funcionario público. 2 a 4 años de prisión
Funcionarios públicos participan en redes de gavilanes cobrando por agilizar trámites. 3 a 8 años de prisión
Presentar documentos falsos para obtener un servicio público más ágilmente. 1 a 6 años de cárcel
Obtener bien o servicio público a través de un gavilán. Pérdida inmediata del permiso o el bien
