• Asegura Federico Sosto, magistrado suplente Sala Constitucional:
“ES MI DEBER CÍVICO COLABORAR CON EL GOBIERNO EN LO QUE PUEDA”
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
Foto: Juan Carlos Rubí
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El magistrado Federico Sosto (centro), afirmó a William Gómez y Mario Ugalde (der.), director y subdirector de DIARIO EXTRA, que volvería a brindar asesoría al gobierno si éste se lo solicitara.
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El magistrado suplente de la Sala Constitucional, Federico Sosto, aseguró que no existe ninguna norma ética o disciplinaria que le impida asesorar al gobierno o a las demás instituciones públicas, cuando éstas se lo soliciten.
Sosto, magistrado desde el 2006, aseguró que considera su deber cívico y ciudadano acudir al llamado del gobierno cuando se requiera su ayuda.
Además, durante su visita a DIARIO EXTRA manifestó que no piensa renunciar a su cargo en la Corte a raíz de los cuestionamientos que le han hecho los diputados de oposición y los medios de comunicación.
¿Considera procedente que un Magistrado Suplente asesore al gobierno de turno?
-Tengo que señalar que mi experiencia ha sido en el Derecho Público y en algunas ocasiones he sido consultado por el Gobierno. También mi criterio ha sido solicitado por la Universidad de Costa Rica, cuando don Gabriel Macaya fue su Rector.
Además, he colaborado con la Defensoría de los Habitantes. Recuerdo muy bien mi contribución con esa entidad en el caso de los sobreirradiados.
Me parece un deber cívico y ciudadano colaborar con las instituciones democráticas del país.
Eso, en nuestro sistema, no es incompatible con la función de Magistrado Suplente, porque no existe prohibición.
¿Entonces su condición de Magistrado Suplente le da ciertas libertades profesionales?
-Así es. Incluso, un detalle de ética que es interesante, es que de acuerdo con la Constitución Política, los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia podrían participar en un proceso electoral porque no tienen ninguna limitación para ser candidatos a puestos de elección popular como diputaciones o incluso, la presidencia de la república.
Nuestro sistema busca un adecuado equilibrio. En el tanto que un Magistrado Suplente no vaya a fallar sobre algún asunto sobre el que haya adelantado criterio, no le veo ningún problema a ese tipo de colaboraciones.
Un Magistrado Suplente es como un jugador de banca de un equipo de fútbol, que le pagan solo cuando entra a jugar de titular.
¿Por qué entonces, si la misma Constitución Política le da a los magistrados suplentes esos permisos, a usted se le ha criticado tanto?
-Bueno, eso quisiera saber yo. Desconozco las razones por las cuales se hizo un escándalo de mi asistencia a una reunión que hubo entre miembros del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República. Debo señalar que el día que se efectuó esa cita, yo ni siquiera estaba ostentando el cargo de Magistrado, pues la Corte estaba en vacaciones.
Esa reunión no era ningún secreto. Emití un criterio sobre la fiscalización de los recursos provenientes de fondos de cooperación no reembolsable.
Estoy seguro que si esa reunión se hubiera efectuado en otro momento y otra época, mi participación hubiera sido intrascendente.
Usted participó como abogado del Estado costarricense en la demanda que interpuso el periódico La Nación contra el país en el caso de Mauricio Herrera ¿es cierto?
-Sí, es cierto. Yo participé en ese caso a petición de la Procuraduría General de la República en el año 2004, como perito.
¿Cuál fue el criterio que usted expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el periodista Mauricio Herrera decidió demandar al Estado tras haber sido encontrado responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en contra del ex diplomático Félix Przedborski?
-En esa ocasión, lo que se trató de analizar en el informe que yo rendí en forma verbal en la audiencia ante la Corte, era relativo al derecho al honor y a la reputación que también tienen los funcionarios públicos y los distintos mecanismos de protección que existen frente al derecho a la información.
Expresé que todo funcionario público debe gozar de un ámbito de privacidad y de intimidad que se debe tutelar y que debe ser un freno al derecho a la información.
¿Le cobra el periódico La Nación a usted haber defendido al Estado contra la demanda interpuesta por el caso de Mauricio Herrera?
-No podría yo decirlo con certeza. No creo que alguien me quiera cobrar algo. No me explico por que me han atacado de una forma tan espectacular en ese periódico.
Dentro de los argumentos que se han utilizado para atacarlo, está su posición ideológica ¿Usted es liberal?
-Me considero un defensor de las libertades del individuo y del disfrute de todos sus derechos, pero dentro del marco de un Estado que busque el bienestar social y la solidaridad en todos sus habitantes.
Creo que hay que buscar un correcto equilibrio entre las garantías que deben tutelárseles a toda persona y el fortalecimiento del Estado Social.
Nunca he hablado sobre mi simpatía política, que es algo muy distinto.
Es falso lo que se ha insinuado, que yo soy del Movimiento Libertario.
Se ha hablado mucho de sus actividades profesionales y se ha cuestionado su relación con los productores de caña y su relación con Rodrigo Arias a raíz de ese vínculo...
-Don Rodrigo y yo, efectivamente fuimos compañeros de junta directiva en la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar en el 2004.
Yo fui integrante de la Junta Directiva hasta el 2006 y era Director Suplente nombrado por el sector industrial, específicamente por los ingenios pequeños.
Don Rodrigo era director propietario y representaba a los grandes ingenios. Esa es mi relación con el gremio azucarero.
A usted también se le ha ligado con los juegos de azar y con los casinos, propiamente. ¿Podría aclararnos ese ligamen que se ha utilizado para atacarlo?
-Soy amigo y abogado de un empresario turístico que está en la actividad de casinos. A la vez, mi socio en el bufete, Jorge Alberto Hidalgo, ha estado involucrado en esa industria durante varios años.
¿Ha pensado en la posibilidad de renunciar a su cargo de Magistrado Suplente?
-No, ni siquiera he considerado esa posibilidad. Mi nombramiento vence en el 2009. No tengo por qué renunciar porque no he cometido ninguna actuación indebida.
Hay una denuncia presentada contra mi ante la Corte y es precisamente ella la que debe resolver esa acusación, pues es a la que le corresponde administrar el régimen disciplinario de los magistrados.
¿Cómo toma la carta de solidaridad que le envió el ministro de la presidencia, Rodrigo Arias, publicada en DIARIO EXTRA el pasado viernes?
-Es un gran honor para mi contar con el respaldo de don Rodrigo. Para una persona como yo, que nunca ha sido protagonista en los medios de comunicación, es difícil e incómodo que lo estén atacando desde un periódico.
La solidaridad externada por don Rodrigo sería gratificante para cualquier profesional.
¿Volvería a cooperar con el gobierno si se lo solicitan?
-Yo esperaría a que las aguas vuelvan a su calma, pero claro que sí tendría el mismo espíritu de ayuda, porque lo considero mi deber.
¿Por qué renunció a su nombramiento temporal como Magistrado Propietario de la Sala Constitucional?
-Renuncié por motivos familiares, nunca por el escándalo inexistente en el que me han querido meter, no sé con qué propósito.
El viernes el diputado Oscar López del PASE, lo denunció ante el Ministerio Público por varios presuntos delitos ¿Cree que sus actuaciones se pueden traducir en actos ilícitos?
-No conozco la acusación presentada ante el Ministerio Público, pero yo no he participado en nada que se aproxime a una de las conductas tipificadas en el Código Penal.
La oposición lo ha atacado a usted en ocasiones anteriores. Incluso lo acusaron de haber adelantado criterio sobre su simpatía con el TLC y después votar en contra de una consulta donde se cuestionaba un proyecto relacionado con ese tratado ¿Es esto sacada de clavo?
-No sé, pero lo único que hice fue publicar en enero del año pasado, un artículo de opinión en La Nación donde yo manifesté opinión técnica desde el punto de vista de si eran constitucionales o no varios aspectos del TLC.
Me abstuve de participar en la votación de los proyectos sobre telecomunicaciones porque efectivamente, de previo había emitido un pronunciamiento sobre el procedimiento legislativo de esos proyectos.
¿Ha puesto usted en peligro la independencia de poderes y la autonomía de criterio de la Sala Constitucional?
-Esa es una gran incongruencia y una generalización ingrata, decir que un abogado litigante que no tiene prohibición está mancillando a un poder de la República porque asiste a una reunión a Casa Presidencial, la cual se pudo haber realizado en cualquier otro despacho público.
La Sala Constitucional es un órgano que toma las decisiones de manera colegiada y se toman por mayoría de votos.
La independencia de poderes nunca será absoluta en un sistema como el nuestro.
¿Qué criterio le merece el ensañamiento de la fracción del Partido Acción Ciudadana en su contra?
-No lo entiendo. Desconozco las razones que ha tenido ese partido para atacarme frontal y personalmente de forma injusta e ingrata. Me han acusado de cosas que no son ciertas. Uno de los diputados de ese partido pidió que me expulsaran de la Sala Constitucional, del Colegio de Abogas y solo le faltó pedir que me echaran del país.
Lo curioso es que durante mi carrera he asesorado por lo menos a dos diputados del PAC también.
Mi carrera no ha sido política, siempre he dado asesorías como particular, no solo a este gobierno, sino a varios anteriores.
