• Ex ministro culpa a jefes del Poder Judicial por la violencia e inseguridad
“EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE MORA, DALL’ANESSE Y ARROYO ES UN FRACASO”
FABIÁN MEZA
fmeza@diarioextra.com
Foto: Adolfo Alvarado
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Juan Diego Castro apuntó sus dardos contra la cúpula del Poder Judicial, a la que criticó de ser la responsable de la violencia en el país.
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“En el año 1998, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, redactado por el fiscal Francisco Dall’Anesse, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, y el presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, se comenzó a escribir el descalabro más grande en la seguridad de este país”, así de claro empezó una entrevista con DIARIO EXTRA el ex ministro de Justicia y de Seguridad, Juan Diego Castro.
Llamando al pan, pan y al vino, vino, sin pelos en la lengua, ni ataduras o las mordazas de la hipocresía política, Castro reprochó con fiereza a la cúpula del Poder Judicial, que fue el blanco de sus críticas.
“En la última entrevista que le di a DIARIO EXTRA, hace un año, antes de que todos los jefes del Poder Judicial se pasearan por la alfombra roja de Casa Presidencial, dije que había que decretar emergencia nacional por la inseguridad y dijeron que era una locura. Ya ve, ya la declararon”, agregó Castro.
¿Por qué critica tanto el nuevo Código Procesal Penal que comenzó a regir en 1998?
- La tremenda impunidad que reina en Costa Rica es obra de Dall’Anesse, Mora y Arroyo, no me canso de decirlo y de probarlo. El país tiene que saber que estos señores son los responsables de redactar las leyes que han sido el acelerador de la violencia y la inseguridad, son los adalides del archigarantismo, los responsables de la destrucción del derecho contravencional y de la nefasta política de persecución penal. En 1998 entró en vigencia ese código que no sirve, se inició el desastre y la más injusta impunidad. En 1995 el porcentaje de condenas era del 24% y con la entrada en vigencia del Código las condenas cayeron al 2,9%, ya en 2006 el porcentaje fue del 1,9%, una barbaridad que refleja la impunidad. Estamos en manos de los hampones, quienes tiene un riesgo del 2% de ser condenados por sus delitos y eso es culpa de ese código.
¿Entonces para usted el caos tiene nombre y apellidos y hasta fecha de nacimiento?
- Yo estoy absolutamente convencido y puedo probar que en la Corte hay un grupo que desde hace 15 años tuvo un plan para destruir el derecho penal, que ese plan tiene una consigna que se dice a diario en la defensa pública, que es: para que mis imputaditos no caigan en las fauces de la prisión, y este plan se puede ver en golpes terribles que se han dado a través de la Sala IV, la derogatoria de las contravenciones, la anulación de los artículos de la reincidencia y la política criminal en manos del dueño del Ministerio Público, que sale con el cuento de los delitos de bagatela, con otra norma nefasta del Código, donde prohíben a los policías del OIJ interrogar a los sospechosos. Eso viene del cuento del fiscal general, cuando defendió a dos asesinos del barrio La Granja, que dijo que se los habían torturado. ¡Por Dios! Se trataba de dos temibles asesinos que mataron a unos viejitos y a un muchacho. ¡Cuál tortura! Lo que han hecho estos tres señores es un policía que no puede actuar, una policía amarrada a la Fiscalía, una policía sin recursos, unos fiscales atiborrados de trabajo, sin capacitación, un Ministerio Público que se hizo a lo loco hace diez años. Ahí están las consecuencias de ese plan que nació en el seno de la corte.
¿Por qué los que roban menos de ¢250 mil andan felices de la vida en la calle?
- Precisamente es por el desbaratamiento del derecho contravencional que hicieron estos tres señores. En el año 1994 por una bizarra sentencia de la Sala IV, la número 1054, a las 15:24 horas del 22 de febrero, redactada por el magistrado Luis Paulino Mora, donde cuestiona la sanción a las contravenciones, pues según él, como los robos son realizados por una población marginada y pobre, penalizarlos sería un hecho discriminatorio. ¡Por favor! El delincuente es vulnerable, pero también es responsable y culpable. Durante más de ocho años los contraventores no pudieron ser detenidos por la policía, ellos decidían si pagaban la multa, si no, no iban a la cárcel. Esto creó que en los barrios más humildes se viviera un infierno, el cual ha llegado a consecuencias violentísimas y usted como víctima no encuentra justicia pronta y cumplida. Probablemente muchos de aquellos contraventores acostumbrados a hacer lo que les da la gana ya no hurtan, ahora asaltan y asesinan a sangre fría. ¿Qué pensarán los magistrados y el fiscal general?
El fiscal Dall’Anesse niega que haya dado orden para no investigar los robos menores a ¢250 mil y ahora más bien mandó a los fiscales a “apretar”. Con esta orden parece que por fin le está haciendo caso a usted.
- En el oficio de la Fiscalía General de la República número 0927-2005, del 30 de mayo de 2005, don Francisco Dall’Anesse Ruiz da una orden verbal a los fiscales adjuntos para que decidan sobre la aplicación de criterios de oportunidad por insignificancia del hecho en delitos contra la propiedad mientras no produzcan un daño superior a ¢250 mil. Esa decisión del Poder Judicial por medio del Ministerio Público provocó una disminución en el número de casos de hurtos y robos, pues no se aceptan las denuncias de sustracciones de bienes menores de ¢250 mil. Ahora con portada en el pasquín de los ricos y entrevistas a sus amigotes anuncia, como la gran gracia, que ahora sí van a investigar esos robos. Yo hace muchos años he denunciado ese permiso fiscal para robar y por fin don Francisco me hace caso.
Los que roban se ven todos los días en nuestros barrios. ¿Por qué la reincidencia no se castiga?
- Es que esta es una broma del Código Penal. La reincidencia, la bagatela y la profesionalidad están reguladas en ese código pero actualmente no tienen ningún efecto en la pena que se imponga, ni influyen de manera alguna en la imposición de medidas cautelares al imputado que ha cometido un nuevo delito, aunque lo haga 100 veces. El derecho penal tico regula la reincidencia del modo más ridículo y surrealista que nos podamos imaginar. Le voy a leer lo que dice la ley: Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho cometido. ¿Entonces para qué existe esta norma si no tiene efecto alguno y resulta innecesaria?
¿Por eso la gente está tomando la justicia en sus manos?
- Claro. Es por eso que a un señor en El Roble de Puntarenas no le queda otra opción que meterle un tiro al que le robó el televisor, porque las autoridades no van a reaccionar, la gente no cree en el sistema. Yo no entiendo cómo los señores de la Corte y Casa Presidencial se reunieron un rato, hicieron ese gran espectáculo y creen que ya se arregló la cosa. No, eso no se arregla así, más bien va peor, no entramos a la raíz del problema.
¿Con lo que acordaron en la Presidencia alcanza para parar la inseguridad?
- Se deben poner en práctica medidas urgentes y no un plancito y ¢7 mil millones. Lo primero es archivar y no aprobar el Código Penal que está en la Asamblea, más bien se deben equilibrar los derechos de las víctimas, rescatando el papel que les corresponde, de tal suerte que se tome en cuenta su opinión, se les informe efectivamente, ejerzan los mismos recursos de la Fiscalía y puedan rendir su testimonio en audiencias judiciales, sin presencia del victimario. Otro punto clave es aplicar la prisión preventiva a los imputados por delitos graves y reincidentes en delitos contra la propiedad, con el afán de que no ataquen a más víctimas y el Ministerio Público acelere las investigaciones, de modo que interponga las acusaciones con más rapidez, se fallen los casos en el menor tiempo y las condenas se hagan efectivas. Debemos eliminar las cuantías en los delitos contra la propiedad, el monto de ¢250 mil no tiene relación con la gravedad de la conducta desplegada por el delincuente. También hay que ampliar los delitos en los que se autoricen las intervenciones telefónicas, tener una base de datos pública con la foto de los delincuentes condenados por delitos muy graves. Y una reforma, en la cual creo, es fijar penas severas por favorecimiento personal, receptación de cosas de sospechosa procedencia con cárcel de tres a cinco años. Hay que unificar la policía, lograr que los agentes judiciales puedan entrevistar a los testigos, dotar de recursos a la policía, reorganizar el sistema carcelario y lo más importante sacar el Ministerio Público del Poder Judicial.
Esto no es solo responsabilidad del Poder Judicial. ¿Y los políticos?
- Ya que don Óscar (Arias) es un premio Nobel, que se reforme la Constitución y el vivir en paz sea un derecho fundamental que el Estado debe preservarles a todos los costarricenses. Pero la reforma debe ser para que los derechos de la víctimas estén reconocidos. Hay que estar claros en que ya perdimos nuestra libertad, hay lugares a los que no podemos ir, hay pueblos tomados por lo crackeros, estafadores y sinvergüenzas. Este país está perdido, hay lugares adonde la policía no puede entrar, adonde a la Cruz Roja la asaltan. Estamos en manos del hampa, los políticos tienen que reaccionar, solo que no quieren, nunca han querido.
¿Podemos salvar este desorden que usted plantea?
- Siempre es posible pero cada día cuesta más. Insisto que no es una solución de ¢7 mil millones, ni con un cafecito entre los altos dignatarios, redactores del Código Procesal Penal. Hay que ser claros, esta es una crisis que no se ha querido enfrentar. Mire usted que ni “Tico Lindo”, ni los diputados de la trasanterior legislatura, ni la anterior, ni la de esta quieren entrarle en serio. Aprobar 42 proyectos es una locura, ahí hay un montón de proyectos que no sirven para nada. Subir las penas para qué, si además es ridículo. Ahora lo que dan en una pena es 15 años, pero con el sistema penitenciario que tenemos no van a estar ni diez. La prisión en este país no reforma a nadie y hay en Costa Rica sociópatas que son incorregibles, el asesino, el violador, el estafador no se corrigen, hay que aislarlos, no hay más remedio, y está aprobado en la literatura victimológica y psiquiátrico forense. La sociedad y las víctimas tienen que protegerse. El Estado con estas posiciones blandengues y alcahuetas es el responsable con sus funcionarios de todos los muertos que hay y de todos los robos porque suelta a los sinvergüenzas y a los sociópatas. Hay que meterlos a la cárcel, ponerlos a trabajar.
