PRISMA
HAY QUE FRENAR LOS VICIOS EN LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
Por William Gómez V
Director
Usted y yo podemos perfectamente ser los futuros constructores y luego operadores de una autopista por ejemplo a Liberia, tal y como está normada la Ley de Concesión de Obra Pública.
Formamos una sociedad y entramos en la licitación sin importarnos si tenemos o no dinero para enfrentar semejante reto. Luego, con un buen ambiente político y una oferta competitiva, se nos adjudica la obra, entonces vamos a los bancos nacionales y pedimos un préstamo para construirla. O sea que no tendríamos que poner ni un cinco de nuestros bolsillos. Aún más, ni necesitaríamos tenerlo.
Pero lo grave del asunto es que no solo nacionales pueden hacer eso, pues ya nos pasó cuando se le otorgó a una empresa mexicana llamada Marnos, -si la memoria no me falla-, la cual iba a construir la ampliación de la autopista entre el aeropuerto Juan Santamaría y San Ramón. Resulta que no tenían donde caer muertos al extremo que los propios bancos les negaron los préstamos solicitados y al final se evaporó del país.
Ante esta realidad lo correcto sería que el gobierno gestione un préstamo internacional y sea quien construya la obra, cobre el peaje y con ese dinero pague el préstamo y nos saldría a todos mucho más barato.
Y es que ese ha sido siempre el punto flaco de esta Ley, pues la idea es que las empresas que ganen las licitaciones traigan al país el dinero, o sea una inversión extranjera que inyectará empleos y desarrollo y no que le pidan la plata prestada a nuestros propios bancos. Repito, así, hasta usted y yo podemos.
Alguien podría decir entonces que estamos limitando la participación de la empresa privada nacional en concesiones de obra pública, pero no es así. Si un grupo nacional desea participar que ponga dinero de su propio peculio, pero que no vengan a solicitar préstamos a bancos nacionales en detrimento del circulante para impulsar otro tipo de actividades.
Lo anterior viene al caso debido a las reformas que se le pretenden hacer al nuevo proyecto de Ley y que ha entrado otra vez en la corriente legislativa para su discusión, luego que la Sala Constitucional lo declarara inconstitucional dado que también contempla concesiones en proyectos de salud y la Caja Costarricense de Seguro Social no fue tomada en cuenta para emitir criterio.
Y es que se pide celeridad en el trámite bajo el argumento que atraerá la captación de inversiones extranjeras, pero si se deja otra vez el portillo abierto para financiarse con préstamos de nuestros propios bancos, no hay tal inversión extranjera, sino una candidez más de nuestros políticos.
Lo correcto, a mi humilde juicio, sería agregar una norma que impida a las empresas que obtengan una obra pública por concesión, financiarla por medio de los bancos nacionales. Aunque como en este país tenemos mas leyes que aire, me asalta la duda si esa norma podría considerarse como inconstitucional. De ser así, lo mejor sería empresas mixtas privadas y gobierno, que estimo sí podrían financiarse con nuestros propios bancos, la obra se pagaría más rápido y los peajes serían más baratos.
