• Los tildan de “soplones”:
FISCALES ARREMETEN CONTRA AGENTES DE OIJ
Paola Hernández Chavarría
phernandez@diarioextra.com
 |
La Asociación Nacional de Fiscales y Ex Fiscales de la República pide sentar responsabilidades contra los denunciantes de supuestas anomalías cometidas por el fiscal general Francisco Dall’Anesse.
|
En una extensa carta enviada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Asociación Nacional de Fiscales y Ex Fiscales de la República deja entrever su malestar por las publicaciones de DIARIO EXTRA en que se denuncian supuestos actos irregulares del fiscal general de la República, Francisco Dall’Anesse, y arremete contra los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según el documento, los fiscales del Ministerio Público no están muy contentos con recibir custodia del personal del Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII) y menos tras las informaciones difundidas en días anteriores, en las que se mencionan los lugares a los que en ocasiones acudían el jerarca del Ministerio Público y sus familiares, también custodiados por miembros de dicha unidad, a los que hoy tildan de “soplones”.
Dice textual el comunicado, “si semejantes desmanes han cometido públicamente en contra del jerarca de la institución, ¿qué podríamos esperar los fiscales de menor rango, los jueces y hasta magistrados cuando requieran eventualmente seguridad de parte de este “cuerpo profesional”?
Ellos mismos nos dan la respuesta con su forma de actuar: revelarán aspectos de la vida privada de los fiscales, de nuestras familias y en vez de minimizar los riesgos a que estamos sometidos por cumplir con los deberes del cargo, lo aumentarán sensiblemente al no poder mantener el profesionalismo que impone tan delicada función de escolta o guardaespaldas”.
Aduce además “lo grave, lo alarmante y lo verdaderamente escandaloso es saber en manos de quién está la seguridad de los y las fiscales del Ministerio Público, así como de todos los demás funcionarios judiciales que necesiten eventualmente seguridad personal”.
Los fiscales están molestos porque aseguran que los quejosos “no repararon en el enorme daño que están causando: no solo se han prestado para montar ‘un circo’ sino que han revelado a la prensa aspectos de la vida privada y de la familia cercana del señor Fiscal General de la República que hacen que su vida y la de sus hijos corra grave peligro, indicando los lugares de estudio donde acuden habitualmente, aspectos que en la aplicación de los fundamentos mínimos de la ética deben quedar en absoluta reserva para terceros. Por ello, repudiamos vehementemente la actuación de estos efectivos policiales y les atribuimos desde ya la total responsabilidad por cualquier situación que pueda acontecer en contra de la vida e integridad física del Fiscal General y su familia a partir de hoy”.
Indican también: “La propia policía judicial exhibe públicamente la vida del jerarca del Ministerio Público y de su familia, le agrega una buena dosis de mentiras e injurias y bajo la cobardía del anonimato por temor a represalias, se parapetan en la prensa para causarles un severo daño a la institución y al Poder Judicial en pleno”.
• Jorge Rojas, director del OIJ:
“ME PARECE QUE EL ACTO DE LOS AGENTES ES DESLEAL”
De desleal, así calificó Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el comportamiento de los agentes del Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII) que sirvieron de escolta durante meses al fiscal general de la República, Francisco Dall’Anesse, y que hoy lo denuncian por supuestas anomalías.
“Me preocupa bastante que trascienda a la opinión pública el tema de dónde se desenvuelve él o su familia, cuando la gente que lo esta haciendo público es gente que tenía un deber de confidencialidad. No quisiera que esto facilite ningún atentado contra él, ni mucho menos. El acto de los oficiales es desleal y así lo contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial”, indicó.
Para el jerarca de la policía judicial, las denuncias sobre supuestos actos irregulares de funcionarios públicos son siempre acatadas con atención, no así la difusión de información que eventualmente podría poner en riesgo la vida de otras personas como es el caso del jefe del Ministerio Público.
Explicó que la Ley orgánica de esa dependencia contempla en el artículo 27 la discreción y el secreto de las investigaciones por asuntos de seguridad y quienes violen la norma se exponen a sanciones o en última instancia al despido, de acuerdo a la gravedad de los hechos.
Según Rojas, los oficiales que denunciaron abusos de poder por parte de Dall’Anesse debieron limitarse a esperar una respuesta a lo interno como corresponde y no ventilar este tipo de asuntos con detalles en la prensa.
Finalizó diciendo que no todos los agentes son iguales y que esto se trata de un caso aislado. “Envié el caso a la Inspección Judicial para que se investigue quiénes difundieron esa información, que es confidencial”, concluyó.
