• Obligan a incapacitarse al jefe del SPI por denunciar irregularidades:
FISCAL GENERAL TIENE 6 ESCOLTAS PARA SACARLO DE BORRACHERAS
• Agentes de choque del SPI se convirtieron en niñeras de los hijos del fiscal.
Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com
Fotos: Adolfo Alvarado
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El fiscal general Francisco Dall’Anesse cuenta con la mitad de la unidad más capacitada del país para su seguridad personal, lo lleva a sus actividades oficiales y sociales, que generalmente se extienden hasta altas horas de la madrugada.
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Mientras los ciudadanos se quejan todos los días por la inseguridad, por no ver policías en la calle, por los constantes asaltos y la falta de respuesta inmediata de las autoridades, el fiscal general Francisco Dall’Anesse tiene a su disposición a la mitad de los agentes del Servicio Policial de Intervención Inmediata (SIP), quienes incluso han tenido que llevarlo casi a rastras a su casa después de alguna de sus tantas pasadas de tragos.
Las denuncias de los agentes por estas irregularidades desataron una cacería de brujas -según informes fidedignos a DIARIO EXTRA- que llevaron incluso a obligar al jefe del SIP a incapacitarse y tramitar su jubilación, y a realizar investigaciones a lo interno de la unidad como una forma de coacción a quienes se quejaban.
Incluso les decían que si no les gustaba pidieran el traslado a otra unidad o que no se metieran con el fiscal porque era metérsele al tren.
Según documentos en poder de DIARIO EXTRA, Minor Araya, jefe del SPI, al que pertenecen los oficiales de escolta del fiscal, informa por escrito a Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sobre lo que ocurre y la preocupación de algunos agentes por las situaciones irregulares.
Esto no fue bien visto por los jerarcas y a partir de ese momento las relaciones se hicieron más tensas, tanto que hasta llamadas intimidantes realizó Dall’Anesse a Araya.
“¿Minor, por qué putas cambió la gente que se encarga de trasladar a mi hija? ¿Usted quiere un problema personal conmigo? Y le digo, ya lo tiene. Yo me voy a encargar de usted personalmente y se va a dar cuenta quién soy yo”, le gritó por teléfono Dall’Anesse al jefe del SPI por cambiar los agentes que cuidaban a sus hijas.
Como desenlace del enfrentamiento, ayer se le comunicó a Araya que mejor se incapacitara y tramitara su jubilación, aprovechando un problema en una mano tras recibir varios disparos durante un operativo, pues ya tienen sustituto para ese cargo, y según fuentes cercanas le reiteraron que “es un gran oficial, pero se le metió al tren al atravesársele a Dall’Anesse”.
DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de Araya sobre la forma irregular en que se le está alejando de su cargo, pero no fue posible localizarlo.
PROTECCIÓN NO AUTORIZADA DESPILFARRÓ RECURSOS
La protección al fiscal general se le da desde 2004, con base en una resolución del 2 de junio de ese año, en la cual se le asignaba un chofer-guarda, pese a ello, desde el inicio contó con una pareja de agentes que lo acompañaba las 24 horas.
No fue sino hasta hace pocos días que la Corte autorizó la protección para el fiscal las 24 horas, de manera que la asignación de agentes de protección no tenía ningún sustento legal. Pese a ello, los agentes desde 2004 han realizado la función de protección, tal como se hace con el presidente de la República: lo recogen en su casa, lo llevan a su oficina en el Ministerio Público, lo acompañan a todas las actividades tanto oficiales como sociales a las que asiste, incluso en horas de la noche.
Hasta han tenido que esperarlo afuera de la casa de alguna de sus amigas para luego llevarlo de regreso a su hogar a altas horas de la madrugada.
Esto generó una piñata de horas extra en el SIP porque cada oficial pasaba boletas hasta por 150 horas al mes, lo cual significa un sobresueldo de entre ¢300 mil hasta casi ¢1 millón, de acuerdo a la plaza de cada funcionario.
A este gasto debe sumarse el de combustible para dos vehículos oficiales, el que lo traslada a él y el de los agentes custodios, así como viáticos y salario.
Hernán Campos, secretario adjunto del Sindicato de Agentes Judiciales, mostró su preocupación por el despilfarro de recursos del OIJ en pagar horas extra, combustible y otros gastos para la protección del fiscal, mientras se dejan descubiertos otros rubros como la compra de armas y vehículos, chalecos antibalas y pólizas para los oficiales, que es más importante.
“Son sumas millonarias las que se han pagado. Nosotros pedimos un informe a la Corte pero se nos dijo que debían hacer la consulta porque parecía que eso era información confidencial y no la podían dar, y todavía estamos esperando que nos la den”, comentó Campos.
DE OFICIALES DE CHOQUE A NIÑERAS
Los agentes del SPI, el cuerpo de agentes mejor preparado para operativos de choque, pasaron de luchar contra la delincuencia a ser niñeras y “cuidaborrachos” porque, además de custodiar a Dall’Anesse, debían estar atentos para trasladar a los hijos del fiscal a las universidades donde estudian.
Una vez a la semana iban a Guápiles a dejar al hijo a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Earth) y luego a recogerlo, después debían llevar a una de las hijas a la Universidad Latina y luego ir a recogerla para llevarla a su casa, o donde ella le indicara, e incluso en varias ocasiones en el vehículo oficial tuvieron que llevar a compañeras de estudio de la joven, según le han narrado los agentes a Campos.
“Las hijas llamaban y decían: ‘Recójame en la ‘U’ en 20 minutos’. Y Dios guarde uno se atrasara porque le pegaban una gran gritada”, narró uno de los agentes, cuya identidad se reserva por represalias.
Además de ser niñeras de los hijos del fiscal debían acompañarlo a las constantes actividades nocturnas en que participaba -según cuentan es de patada larga-, iniciaba la fiesta en una y seguía en otra y otra. No paraba hasta la madrugada, sin medir el riesgo que eso significaba para su vida y la de quienes lo custodiaban.
“En una ocasión tuve que casi alzarlo y subirlo al carro y después ayudarlo a bajarse y llevarlo hasta su casa, ya que su estado se notaba, estaba muy ebrio y se podía caer, y si esto pasaba nos podía costar el puesto”, explica en una declaración jurada uno de los agentes, indispuesto por el riesgo que corrían debido a las borracheras de Dall’Anesse.
NO RESPETA A LOS AGENTES DE SEGURIDAD
El fiscal general no ha tomado con la seriedad del caso la seguridad que se le asignó, según comentó Álvaro Rodríguez, fiscal del sindicato del OIJ, por eso ha incurrido en situaciones que ponen en riesgo su vida y la de los agentes que le dan protección.
No respeta los protocolos de seguridad que deben seguirse, ni las instrucciones que le dan los agentes, ya que la primera de todas las recomendaciones es cambiar su estilo de vida, no salir de noche para no exponerse sino únicamente ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ya que se supone que está en riesgo su vida, y en caso de alguna sospecha obedecer a los agentes.
Sin embargo, en dos ocasiones en que los agentes de protección han notado que los están siguiendo y le solicitan que se mantenga en el vehículo o en otro lugar mientras ellos investigan, Dall’Anesse les ha desobedecido.
“En una ocasión que estaban en un parqueo y notaron que los seguían, el oficial le dijo que se quedara en el vehículo mientras él iba por atrás a ver quién estaba siguiéndolos, y cuando se percató el fiscal le salió frente al vehículo y anotó la placa. Es como el niño malcriado que agarra los juguetes y los destruye. Está poniendo en riesgo la vida de quienes lo cuidan y la suya”, comentó Rodríguez.
“En la protección no se contempla el cuidado hacia el riesgo de la familia, entonces no tienen los agentes por qué soportar las malacrianzas de los hijos, ni que metan a compañeros o compañeras de la universidad en los carros oficiales”, cuestionó, al tiempo que detalló que no dejarán a los agentes del SIP solos y llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, incluso hoy se reunirán para analizar los pasos a seguir.
IRREGULARIDADES EN FRASES
“En más de una ocasión tuve que dormir en una colchoneta en el piso de la oficina después de dejar al fiscal en su casa a las tres o cuatro de la mañana. No me podía ir para la casa porque tenía que ir a traer a sus hijas y llevarlas donde ellas desearan... estábamos a disposición de su familia también”.
“En una reunión se nos dijo que el fiscal general podía disponer los recursos como él quisiera y si nosotros no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, simplemente lo dijéramos para buscarnos otra sección”.
“En una ocasión tuve que casi alzarlo y subirlo al carro y después ayudarlo a bajarse y llevarlo hasta su casa, ya que su estado se notaba, estaba muy ebrio y se podía caer, y si esto pasaba nos podía costar el puesto”.
Fuente: Agentes que mantienen el anonimato por temor a represalias.
