• Actual Ministra y 5 más ligados al caso:
PAGAN ¢106 MILLONES MÁS POR PATRULLAS DE TRÁNSITO
MARIETTA ESPINOZA M.
mespinoza@diarioextra.com
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El precio original de las patrullas en el año 2000, era de ¢65 millones, pero el Estado terminó pagando ¢169 millones a raíz de los intereses que generó la cuenta.
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La compra de 77 automóviles marca Chevrolet Cavalier en 1999, le costará ahora al Estado el pago de ¢ 169 891 196 millones, en lugar de los ¢65 millones que costó originalmente, todo porque se “olvidó pagar” y se le dio largas a los reclamos de empresa Disexport Internacional Sociedad Anónima, quien ganó la licitación.
La burocracia y el mal manejo de la adquisición ayudó para que ahora los costarricenses tengan que pagar ¢ 106 millones adicionales en intereses y otros trámites propios de la compra.
Así se detalla en el informe del 10 de mayo del 2007, rendido por el Órgano Director Unipersonal de Procedimiento y los resultados del informe de un Consultor Externo contratado por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), rendido el 7 de diciembre del 2006 y los cuales DIARIO EXTRA tiene copia.
En el primero de los análisis se estudia la actuación de Gerardo Aymerich Valverde, jefe administrativo financiero de la Policía de Tránsito; Germán Marín Sandí, actual director de Tránsito; Ignacio Sánchez, ex director de Tránsito; Karla González, actual ministra del MOPT; Javier Chaves, ex ministro y Rodolfo Solano, ex Director del Tránsito.
LA COMPRA
El 14 de noviembre de 1999 el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) promueve la compra de una nueva flotilla para el uso de la Dirección General de la Policía de Tránsito.
La licitación contemplaba que para cancelar parte de la deuda, la empresa adjudicataria debía recibir parte de los vehículos que en ese momento tenía el Cosevi.
Disexport Internacional Sociedad Anónima, fue la empresa seleccionada y por cada automóvil se le cancelarían $14 900, para un gran total de ¢359 104.900 al tipo de cambio de ese entonces.
Los vehículos fueron entregados el 5 de mayo del 2000 y el 19 de ese mismo mes la empresa Disexport pide que se le deposite el pago en una cuenta en dólares del desaparecido banco Bicsa, petición que fue denegada por el Cosevi. En 20 de diciembre la licitación es ampliada para comprar de 38 vehículos más a la misma empresa y por ellos se pagarían $566 200. En esta ocasión se entregaron 13 carros como parte del pago.
EL CALVARIO
Los primeros obstáculos se dieron con la entrega de los vehículos usados que tenía el Cosevi, “debido a los tramites de exoneración de impuestos, liberación de algunas anotaciones y gravámenes”, según el informe del Órgano Director.
El documento señala que la entrega se hizo por partes entre los meses de junio del 2001 y agosto del 2002.
En agosto del 2000, Disexport presenta un reclamo administrativo ante Cosevi por $126 806, por considerar que existe un diferencial cambiario en el valor de los vehículos entregados como parte del pago. Este reclamo fue declarado parcialmente con lugar.
El 14 de noviembre 2001 llega un nuevo reclamo, esto por poco más de ¢13 millones correspondiente a la revisión, reparación y mantenimiento de los 115 vehículos comprados a través de la licitación. Esto es señalado en el informe como una contratación irregular, pese a que no se especifica el tipo de daños que presentaba se indica que no eran cubiertos por la garantía.
El 7 de febrero del 2002 se presentan dos reclamos administrativos más. Uno por $ 41 168; aquí Disexport pide que se le reconozca el pago del costo del marchamo del 2001 de los vehículos recibidos como parte del pago. Y en el otro pide que se le cancelen los intereses por las sumas adeudadas en los diversos procesos.
RESPONSABILIDADES
El Órgano Director del Procedimiento concluyó que tanto Aymerich como Marín “realizaron actos o peticiones de solicitud, todo en común acuerdo entre ellos, ante el Departamento de Avalúos del Ministerio de Hacienda, para que se realizara una segunda valoración o avalúo de los vehículos comprometidos...sin que dichos funcionarios tuvieran competencia o asidero legal para tal acto”. Con esto, según el informe se comprometió el patrimonio del Estado.
A la actual ministra, Karla González, el ex ministro Javier Chaves y al Exdirector Ejecutivo del Cosevi y actual asesor de la Ministra, Ignacio Sánchez, el informe los señala como los responsables de que el Consejo tuviera que pagar esta elevada suma de dinero.
“Por cuanto incurrieron en una actuación omisa, al no haber informado al Consejo de Seguridad Vial, en forma oficial y formal, de los reclamos que estaba haciendo dicha empresa...”.
A Rodolfo Solano, ex director de la Policía de Tránsito se le cuestionan actitudes omisas que habrían llevado al Cosevi a cancelar los derechos de circulación en el año 2001 de los carros que debían darse como pago.
Mientras que a Gerardo Aymerich se le señala además, como el responsable de que la empresa Disexport Internacional formulara un reclamo administrativo por reparaciones, revisión y mantenimiento de los vehículos entregados a la empresa.
Con estas actitudes este funcionario habría violado los procedimientos de Contratación Administrativa y a la Normativa Interna de Cosevi.
• Diputado Oscar López teme que no se sienten responsabilidades:
ELEVAN CASO A PROCURADURÍA DE LA ÉTICA
El diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión, Oscar López, elevó el caso a la Procuraduría de la Ética Pública para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades del caso.
El legislador teme que las recomendaciones el Órgano Director no sean acatadas “lo grave es que el Órgano investigador dentro del MOPT tiene como superior jerárquico a la propia ministra, nunca habrá garantía que se le devuelva al Estado Costarricense los ¢106 millones. La idea es que la Procuraduría determine si hubo delito por parte de estos funcionarios”, explicó.
El diputado dijo sospechar que la ministra González, estaría violando la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Otra de las preocupaciones es que el caso preescriba.
