• Ricardo Sancho, presidente ejecutivo de AyA:
“EL TLC NO PRIVATIZARÁ EL AGUA”
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
Foto: Róger Córdoba
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El presidente ejecutivo de AyA, Ricardo Sancho, afirmó que en un mes y medio se iniciarán las obras de construcción del nuevo acueducto sanitario de la Gran Área Metropolitana. Lo acompaña William Gómez, director de DIARIO EXTRA.
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Ricardo Sancho, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aseguró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no afectaría en nada la administración estatal del agua, en caso de ser ratificado.
Según Sancho, las leyes ambientales existentes le seguirían permitiendo al país ejecutar las políticas que considere pertinentes sobre ese recurso.
TLC
¿Afecta el TLC el agua de Costa Rica o la pone en peligro?
- No hay ninguna afectación del recurso hídrico que venga del texto del TLC. Absolutamente ningún elemento en el proyecto pretende privatizar o enajenar el agua para consumo humano, para generación eléctrica o riego. No hay ningún anexo que involucre el agua, por otra parte, la legislación ambiental que tenemos es suficiente para hacer defensa de las aguas como recurso público, en el momento que el Estado decida disponer como sea de ese recurso, aunque esté en propiedad privada.
CASA EN ORDEN
¿Cómo ha enfrentado la responsabilidad de ser el rector del principal recurso para la vida humana?
- Hemos enfrentado esta tarea con alianzas y no con confrontaciones. Hemos tratado de dejar en claro que somos los rectores de los acueductos y alcantarillados de todo el país, los operemos o no. Actualmente 31 municipios operan acueductos y hasta ahora nuestra rectoría no había sido ejercida. Estamos visitando las municipalidades ofreciéndoles convenios y colaboración técnica. Además estamos realizando un informe del estado del agua en todos los acueductos del país, que lo daremos a conocer el 1º de marzo, eso nos permitirá ver cómo están los acueductos tanto en gestión como en calidad. También aprovechamos la coyuntura del ingreso de los nuevos alcaldes para coordinar proyectos. Antes la actitud de la entidad era que si las municipalidades no daban un buen servicio de acueductos se les quitaba la administración, ahora la actitud es de cooperación.
¿Cuándo se iniciará la construcción del nuevo acueducto sanitario de la Gran Área Metropolitana?
- Estamos arrancando con el proyecto en mes y medio. Este es un alcantarillado para un millón de personas en su primera etapa y 1,6 millones en la segunda. El proyecto estaba para concluirse en siete años y la meta es terminarlo en cinco. Llegamos a un acuerdo con el Banco Japonés de Cooperación para que nos valiera la inversión de ¢2.500 millones en obras que tenemos planificadas para 2007, como parte de la contrapartida de $100 millones que tiene que dar el gobierno.
¿Qué planes tienen para los acueductos de ciudades como Alajuela, Cartago y Heredia?
- A la par del proyecto de San José vamos a echar a andar obras en Cartago, Alajuela, Grecia, Palmares, San Ramón y Pococí. En el caso de Heredia será la Empresa de Servicios Públicos la que se encargará de rehabilitar el acueducto de la ciudad. Todas las obras de alcantarillado las realizaremos en alianza con las municipalidades, actualizando estudios de alcantarillado en los cantones de esas provincias. La idea es que podamos hacernos cargo de las obras en esos sitios a mitad de la administración.
¿Y en el caso de los acueductos rurales?
- Hicimos el relanzamiento de los acueductos rurales el 10 de octubre y ha sido un éxito total. Son más o menos 2 mil asociaciones que manejan el 26% de las aguas, pues AyA delegó esa responsabilidad. Iniciamos un proceso junto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para registrar 500 fuentes de agua en acueductos rurales. En el país hay 4 mil fuentes de agua y 3.200 son administradas por acueductos rurales, el resto las manejan AyA y las municipalidades. Además vamos a invertir $1 millón para que los territorios indígenas tengan acueductos. Hemos notado que hay conflictos graves que pretendemos solucionar con la red ambiental nacional de agua y saneamiento. Son organizaciones a nivel regional para que la gente se exprese, para evitar conflictos entre comunidades por el acceso al agua. Hemos visto unas brechas tremendas en la calidad del servicio en cuestión de metros, donde un barrio recibe servicio municipal y en otra parte de AyA.
¿Se reducirá el superávit de AyA para 2007?
- Bueno, AyA arrastra históricamente un superávit que anda por los ¢10 mil millones y eso es una lacra. Es una invitación para que la gente diga que somos incapaces. Tenemos que ejecutar lo que tenemos presupuestado para invertir. Lo que hicimos fue iniciar con unos 100 proyectos de diferentes tamaños, teniendo el más pequeño un costo de ¢300 millones. A pesar de que se habían hecho esfuerzos, no existía una programación clara para realizar las obras. Lo que hicimos fue establecer un sistema de monitoreo diario para controlar el avance de los proyectos y así evitar que la obra se nos quede paralizada. Estaremos al día con las ejecuciones de los proyectos. Estamos hablando de una cartera de ¢8 mil millones invertidos directamente en obras de construcción, unos ¢5.500 millones en acueductos y ¢2.500 millones en alcantarillados.
PLANES
¿Se está modernizando AyA?
- Para nosotros modernizar es optimizar la operación y el mantenimiento de los sistemas de alcantarillados; significa arreglar las fugas y desabastecimiento de agua en menor tiempo. Estamos trabajando con cuadrillas en la noche, eso nos permite ser más eficientes. En servicio al cliente tenemos planificado abrir 15 miniagencias en la Gran Área Metropolitana durante 2007. Eso se va a extender a todo el país. Las pondremos en centros comerciales y zonas populosas. La gente tendrá acceso a computadoras donde podrá informarse sobre los servicios, requisitos para solicitar la conexión, ver la factura y pagarla.
¿Qué planes tienen para reducir la morosidad?
- Recordemos que en mayo Aresep nos obligó a variar el sistema de cobro, impidiéndonos cargar en el recibo mensual el monto en mora también. Eso nos puso a correr porque tuvimos que reducir de diez a tres días el plazo de pago. El 85% de la gente es muy buena pagadora y el 15% restante anda trastabillando pero está bien identificado. A pesar de la confusión, la reacción del público ha sido excelente porque la gente comenzó a pagar el monto en mora y se redujo la tasa. En el caso del gobierno llegamos a un arreglo para que el Ministerio de Educación Pública nos pague en cinco años los ¢620 millones que nos debe en recibos. Solo el Estado nos debe ¢1.500 millones y en total tenemos una cartera de cobros pendientes de ¢7 mil millones.
¿Qué hay de cierto en que no todos los meses hacen lecturas de medidores?
- La medición es mensual, todavía hay unos sectores muy pequeños a los que les cobramos mediante una base de cálculos. El problema es que no había medidores, en algún momento hubo presupuesto para comprar medidores pero el dinero se destinó para una obra de alcantarillado muy importante. Usualmente esos aparatos tienen una vida útil de cinco años, ahora vamos a comprar unos cuya vida se extenderá hasta los diez años. Ahora hay 90 mil medidores malos en el país y cada año hay 15 instalaciones nuevas. Vamos a invertir ¢2 mil millones en la compra de 185 mil medidores que empezaron a entrar en enero. Esa es la única manera de tener un arma que nos permita medir y cobrar. Son medidores no tan frágiles como los actuales, entre ellos unos 5 mil que se instalarán como el medidor de luz, frente a la casa o la cochera.
¿Han determinado cuánta agua es robada a diario?
- Hace poco mandamos investigar a los “lavacars” y encontramos 200 solo en la Gran Área Metropolitana sin ningún tipo de control ni regulación y con medidores domiciliarios, que comparten con el vecino, a quien le pagan el agua. Sí hay un problema, el país tiene una pérdida de casi un 50% del agua producida. Internacionalmente es normal que el 25% del agua que se produce no llegue a ser cobrada por fugas, en fin, por varias situaciones, pero aquí anda por el 50%. Tenemos un plan de optimización para determinar a tiempo las fugas para evitar la pérdida de agua. También hemos descubierto y controlado los camiones cisterna que abren el hidrante, se pegan y roban agua.
¿Tiene alguna propuesta para regular el funcionamiento de los hidrantes?
- Eso es un desorden, pues son tierra de nadie. Le propuse a don Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, que busquemos un plan, como el pago de un canon o identificar junto con el Cuerpo de Bomberos cuántos hidrantes se necesitan, porque es un tema que nos crea serios problemas. Tenemos identificado dónde están los hidrantes, pero necesitamos saber cuántos se necesitan y cuántos requieren ser reparados.
¿Cree que se puede solventar el problema de la contaminación del agua potable?
- Sí, tenemos un programa para que dentro de seis años podamos lograr la desinfección de toda el agua potable. En estos momentos la potabilidad del agua administrada por AyA es del 99%, es decir, 1 de cada 100 de nuestros usuarios podría no tener agua potable. La mayoría de esos habitantes están en zonas rurales, pero en las zonas administradas por municipios 30 de cada 100 habitantes no tienen agua potable. Y en el caso de acueductos rurales son 37 de cada 100. El promedio nacional de potabilidad del agua es del 83%, por eso las brechas son grandes.
