• Según diputado, desvió dineros para investigar a Calderón y Rodríguez:
ACUSAN AL FISCAL GENERAL POR MALVERSACIÓN DE FONDOS
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra
Foto: Héctor Rodríguez
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Mauricio Boracchi (centro), director del Instituto Costarricense sobre Drogas, compareció ayer ante la Comisión de Narcotráfico del Congreso. Allí respondió al interrogatorio del diputado socialcristiano Bienvenido Venegas.
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El diputado socialcristiano Bienvenido Venegas cuestionó el uso dado por el fiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz a varios millones de colones otorgados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para financiar una partida de gastos confidenciales del Ministerio Público.
Según Venegas, a raíz de una investigación realizada por su despacho, determinó irregularidades en el manejo de los recursos del ICD.
“Con la información que tenemos hasta hoy, podemos deducir que pudo haberse presentado el delito de desviación de fondos públicos (malversación) y de peculado, por parte de las autoridades del ICD y el Fiscal General de la República”, dijo el rojiazul.
UTILIZÓ DINERO DE COMBATE AL NARCO, PARA INVESTIGAR A EX PRESIDENTES
Bienvenido Venegas fue más allá y afirmó que el jefe del Ministerio Público utilizó cerca de ¢4,5 millones originalmente destinados para financiar investigaciones por lavado de dinero, para cubrir los gastos generados en las investigaciones que el Ministerio Público realiza a los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, por presuntos hechos de corrupción.
“Más del 40 % de los recursos que recibió personalmente el Fiscal General para gastos confidenciales, desde el 2004, fue canalizado a dos causas que nada tienen que ver con narcotráfico. Se trata de las investigaciones a los ex presidentes Rodríguez y Calderón, que no tienen nada que ver con el narcotráfico”, afirmó el diputado.
El rojiazul indicó que la Ley le permite al ICD tomar dineros decomisados al narcotráfico y girarlos al Ministerio Público, exclusivamente para financiar operaciones contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y otros aspectos de ese flagelo.
Venegas sostuvo que después de casi dos años de haber recibido personalmente los recursos, Dall’Anese aún no ha presentado la liquidación de gasto de cerca de ¢3 millones y aseguró que se desconoce el paradero del dinero.
Por ello, anunció que hoy denunciará penalmente al Fiscal General y a los personeros del ICD por los delitos de malversación de fondos y peculado.
Además, solicitó a la Corte Plena del Poder Judicial investigar su denuncia y sentar responsabilidades.
ICD NIEGA RESPONSABILIDADES
Por su parte, Mauricio Boracchi, director del ICD, rechazó cualquier irregularidad en el manejo de los recursos girados al Ministerio Público, para financiar gastos confidenciales en las causas que se siguen por narcotráfico.
Según el funcionario, el legislador no lleva razón en sus acusaciones.
“Aquí no se debe malinterpretar el uso de los gastos confidenciales.
Esos recursos los gira el Instituto a las instituciones involucradas en la represión contra los delitos contemplados en la Ley 8204, y esas entidades son las que proceden a hacer los gastos que correspondan. Considero que no existen irregularidades, pero estamos abiertos a cualquier investigación”, indicó.
Boracchi afirmó que desconocía si el Ministerio Público había desviado fondos para el combate al narcotráfico, para financiar los gastos confidenciales generados en otras causas que no tienen relación con esos delitos.
“Son investigaciones de legitimación de capitales, hasta donde entiendo, porque no manejo el detalle ni el diputado lo revela. Recuerdo que en la época en que fueron girados los recursos cuestionados, el Ministerio Público realizaba investigaciones muy importantes en el tema de lavado de dinero”, enfatizó.
• Compareció ante Plenario del Congreso:
MINISTRA DEFIENDE DECRETO SOBRE ARMAS
La ministra de Salud Pública, María Luisa Ávila, defendió ante el Plenario Legislativo el reglamento contenido en un Decreto publicado en mayo, que regula la fabricación de armas. Dijo que esa norma pretende cumplir con recomendaciones de las Naciones Unidas para el establecimiento de industrias con fines económicos y comerciales.
La jerarca negó que con el decreto firmado por el presidente Óscar Arias, se esté impulsando la fabricación y el comercio de armas. En su explicación a los diputados, indicó que en el reglamento se uniforma a nivel nacional la clasificación de actividades según el riesgo, lo que facilita establecer los requisitos, vigilancia y control de las actividades llevadas a cabo por las empresas.
María Luisa Ávila dijo que deploraba cualquier intención de instalar en el país empresas dedicadas a la fabricación de armas y municiones y afirmó estar dispuesta a apoyar leyes que prohíban dicha actividad.
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