Conflicto taxistas porteadores muestra el drama de la informalidad en América Latina
Luis Di Mare H. – (dimareluis@queremosvotar.org)
El taxista público tiene permiso para transportar personas sin contrato previo. El taxista privado o porteador tiene permiso para transportar personas con quienes firme un contrato privado de transporte.
Hay cerca de 15 mil porteadores en el país. Los taxistas públicos alegan que los porteadores les quitan el pan de la boca y son competencia desleal porque los porteadores no tienen que cumplir tantos requisitos para trabajar. Los porteadores alegan que prohibirles trabajar es negarles el sagrado derecho al trabajo. ¿A qué se debe el conflicto? Si 15 mil personas tienen trabajo como porteadores sin cumplir los requisitos que se exigen a los taxistas públicos, es porque se pueden transportar personas, sin cumplir esos requisitos. El conflicto nace en que unos cumplen los requisitos y otros no, porque los requisitos no tienen razón de ser. Por ejemplo la seguridad del auto está garantizada con la minuciosa inspección de RITEVE, y el marco jurídico protege a quien contrata un servicio.
No tienen razón de ser para el usuario, pero sí para el taxista público que puede cumplirlos, porque así se asegura que personas menos pudientes, que no pueden cumplirlos, no lleguen a ser competencia que los obligue a bajar los precios. Por otra parte, cumplir esos requisitos cuesta dinero. Por ejemplo, el taxista público tiene que tener un mejor automóvil, y debe cobrar mayores precios para pagar ese automóvil, por eso puede alegar que los porteadores son competencia desleal. El conflicto desaparecería con solo que se eliminaran esos requisitos innecesarios.
Durante milenios ha ocurrido en el mundo lo que ocurre con los taxistas públicos hoy: Quienes ejercen un oficio, una profesión, buscan cómo impedir que otras personas la ejerzan. Eso es resultado del drama de quienes trabajan para el sector privado, que no solamente tienen que producir todo el tiempo algo que alguien quiera comprar, sino que además tienen que lidiar con la competencia que en cualquier momento produce más barato. Estos requisitos que se exigen a los taxistas públicos establecen una política proteccionista, una desfiguración de la realidad, imponen costos artificiales que terminan protegiendo a grupos que tienen más capital que otros. Este proteccionismo obliga a muchas personas a usar taxis mejores, más caros de los que pagarían si pudieran escoger y viajar en taxis menos sofisticados.
Si una legislación quitara a los porteadores su derecho al trabajo, miles de ellos perderían una fuente de trabajo, que puede ser la que les da todo el sustento; al perder esas fuentes de trabajo no recibirían compensación alguna y, para colmo de males, muchos se verían obligados a vender sus autos a bajo precio porque ya no servirían para trabajar y serían miles de personas quienes se verían obligadas a vender al mismo tiempo sus autos. En América Latina y en Costa Rica abundan los requisitos que impiden a los que menos tienen trabajar apegados a la legislación vigente. Por ejemplo, en el Perú en los 1980s, 6 de cada 10 horas trabajadas se hacían en el sector informal, o sea, sin cumplir los requisitos que la legislación exige.
El camino para acabar con la pobreza no es cobrar un IVA a los que menos tienen y entregar a cambio “gasto social”, que en buena parte consiste en pagar salarios a funcionarios públicos. El camino para acabar con la pobreza es eliminar esa retahila de requisitos tan funestos como innecesarios, para que los que menos tienen puedan trabajar con los beneficios que disfruta quien trabaja apegado a la legislación vigente. Si se observa a China Popular, por ejemplo, lo que allí ocurrió es que el sector privado creció enormemente y el sector público poco. Irlanda es más o menos el mismo caso. Sin embargo, quienes quieren más gasto del gobierno, fácilmente atribuyen al sector público, en el caso de China y de Irlanda, las glorias que le corresponden al sector privado.
Luis Di Mare H - dimareluis@referendo.org
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