• Señalan expertos de la Comisión de Derechos Humanos:
COSTA RICA DEBE DESPENALIZAR LABOR DE SUS PERIODISTAS
MARIETTA ESPINOZA M.
mespinoza@diarioextra.com
Foto: Héctor Rodríguez
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Carlos Zelada, especialista en Derechos Humanos; María Isabel Rivero, coordinadora de Prensa y Comunicación, e Ignacio Álvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión, visitaron DIARIO EXTRA y expusieron a nuestro director William Gómez su posición sobre la libertad de expresión en el país.
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Crímenes como el de Parmenio Medina y el de Ivannia Mora no pueden quedar impunes, pero Costa Rica debe endurecer sus penas para no invitar a la repetición de estos hechos. Esa es la principal recomendación que hacen los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitan el país.
Ignacio Álvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que uno de los objetivos de la visita es recibir información para retroalimentarse acerca de la libertad de expresión en el país y las leyes que se encuentran en estudio para respaldar a los periodistas en su labor investigativa.
Durante la visita el Relator dejó al descubierto las trabas institucionales para conseguir información e hizo un llamado a eliminar la pena de cárcel para los comunicadores.
NO A CÁRCEL PARA PERIODISTAS
Álvarez enfatizó que uno de los cambios fundamentales que debe hacerse en Costa Rica es eliminar el artículo 7 de la Ley de Imprenta que sanciona con cárcel a los periodistas que son encontrados responsables de los delitos de injuria y calumnia.
“Esto también permite avanzar en otros campos que fomentan la libertad de prensa”, indicó durante su visita a DIARIO EXTRA.
Reiteró que la Convención Americana de Derechos Humanos señala claramente los efectos negativos para la libertad de expresión de las sanciones penales como medio para proteger el honor o reputación de funcionarios públicos involucrados en asuntos de interés público.
“La sanción más dura que puede utilizar un Estado es la sanción penal y en un Estado democrático no es proporcional utilizar este castigo para ofensas al honor o a la reputación de funcionarios públicos donde estén involucrados asuntos de interés público”.
El experto agregó que este tipo de castigos contra los periodistas lo que ocasiona es desmotivación a la investigación que interesa a la colectividad, y en los demás periodistas que pueden “autocensurarse” en la duda por el temor de un proceso penal.
Álvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo durante dos días en el país recabando información sobre la libertad de expresión, los avances y trabas.
POR BUEN CAMINO
Para Álvarez, Costa Rica avanza por buen camino para corregir lo que se debe mejorar, pero aún falta la despenalización.
Ve con buenos ojos el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, que se encuentra en la corriente legislativa y que sería convocado por el Poder Ejecutivo, para este período de sesiones extraordinarias.
Precisamente en este proyecto se elimina el artículo 7 de la Ley de Imprenta, que es el cuestionado por imponer pena de prisión de 120 días a los comunicadores, editores de periódicos, folletos, libros y otras publicaciones.
Para Álvarez el hecho de que el Poder Ejecutivo esté anuente a convocarlo es una muy buena señal de que se va por el camino correcto para eliminar esta sanción de cárcel que provoca la autocensura.
¿EL ACCESO A LA INFORMACIÓN?
Durante su visita el Relator Especial para la libertad de expresión se encontró con una serie de trabas que obstruyen el acceso a la información, tanto para los periodistas y medios de comunicación, como para los ciudadanos en general.
El problema se presenta en mayor medida en las provincias y no en la capital, así se lo hicieron saber los representantes de organizaciones de la sociedad civil con quienes se reunió.
Precisamente estas trabas son las que han llevado a muchos ciudadanos e inclusive medios de comunicación a interponer recursos de amparo ante la Sala Cuarta para que mediante sus resoluciones se obligue a las instituciones a entregar la información.
El Relator hizo un llamado a las diferentes instituciones del Estado para que respondan a las solicitudes de información de los ciudadanos para así fomentar una cultura de divulgación
NO A LA IMPUNIDAD
Los casos de Medina y Mora son calificados por el experto como hechos aislados, “sabemos que no hay un patrón sistemático de asesinato en el país, pero ciertamente nos interesa seguir con estas investigaciones y esperamos que se llegue a sancionar a todos los responsables”, enfatizó Álvarez.
El Relator hizo un llamado a las autoridades para no dejar impunes los crímenes de Parmenio Medina, ocurrido hace cinco años y el de Ivannia Mora, cometido hace tres años, dado que el asesinato de un periodista es el hecho más grave que hay a la libertad de expresión.
“Es fundamental que no queden en la impunidad porque eso puede propiciar la repetición de hechos similares e inclusive generar autocensura por temor a sufrir las mismas consecuencias”, detalló.
