EX PRESIDENTE RODRÍGUEZ SEGUIRÁ “PRESO” EN CASA

HELLEN ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
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La jueza Penal Lilliana Cordero firmó ayer la resolución donde le impone cuatro meses más de arresto domiciliario al ex presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez.

Ayer martes se vencía la fecha en la cual se tenía que tomar una decisión de si el ex mandatario seguía en su casa o regresaba al Centro de Atención Institucional La Reforma, como lo quería el Ministerio Público, luego de solicitar cuatro meses de prisión preventiva en su contra.

Para el defensor del ex mandatario, Rafael Gairaud, la Fiscalía no dudó en utilizar argumentos falsos para pedir que a Rodríguez lo volvieran a enviar a la cárcel por cuatro meses, pues afirmó, contra toda la evidencia del expediente, que había recibido visitas no autorizadas.

“Eso es totalmente falso. Por el contrario, don Miguel Ángel se ha caracterizado por ser absolutamente respetuoso de las disposiciones judiciales y es el primer interesado en cuidar el fiel cumplimiento de las restricciones que le han impuesto las autoridades judiciales, de manera que todas las personas que han ingresado a su casa lo han hecho con autorización judicial previa, tal y como lo ha tenido por demostrado el propio Juzgado Penal”, manifestó.

El ex mandatario, fugaz secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), salió el 15 de marzo del Centro de Atención Institucional La Reforma, en San Rafael de Alajuela, tras permanecer casi cinco meses en prisión preventiva por el supuesto delito de corrupción.

Para lograr su libertad, el ex presidente Rodríguez debió pagar una fianza por ¢250 millones, monto que canceló con cédulas hipotecarias.

Rodríguez regresó a Costa Rica el 15 de octubre de 2004, después de renunciar a su puesto como secretario general de la OEA, cargo que ocupó por solo 15 días.

A Rodríguez se le vincula con la recepción de comisiones ilegales de la empresa telefónica francesa Alcatel por una licitación de 400 mil líneas celulares. También se le acusa de haber recibido $400 mil del Gobierno de Taiwán y $1 millón de una compañía de ese país.