• Que los obliga a contar con rampas para discapacitados:
300% SUBIRÍAN TARIFAS DE BUS POR FALLO DE LA SALA CUARTA
SHIRLEY SANDÍ
ssandi@diarioextra.com
 |
El fallo que obliga a todos los autobuseros a instalar rampas en sus unidades mantiene muy preocupados a los usuarios, a quienes les pasarán la factura.
|
El fallo de la Sala Cuarta que obliga a todas las empresas autobuseras del país a adaptar sus unidades para el uso de personas discapacitadas, acatando lo estipulado en la Ley #7600, obligaría a los empresarios a subir las tarifas hasta en un 300% por la gran inversión que implica colocar rampas en las puertas.
Esta enorme carga en los bolsillos mantiene sumamente preocupada a la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que mantiene conversaciones con el Consejo Nacional de Rehabilitación para presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma a dicha ley, la cual establece que los 8 mil autobuses deben contar con dichas rampas.
Estos dispositivos cuestan $10 mil si se piensa en una adaptación, mientras que comprar un bus nuevo equivale a derogar cerca de $80 mil.
“No podemos estar de acuerdo con un fallo de esta magnitud. La renovación de la flota completa en un plazo inmediato lo que va a generar es un alza en los pasajes de los autobuses que hará inaccesible el servicio y obligará a la gente a trasladarse a servicios ilegales, que tampoco son accesibles”, indicó Erick Ulate, director ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Ulate agregó que el incumplimiento de la Ley #7600 no ha recaído solo en la actitud de los autobuseros sino también en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Rehabilitación, a quienes les correspondía la regulación.
“Ahora en un tiempo tan corto no pueden obligar a los empresarios a cambiar la flota completa de autobuses porque los usuarios más pobres, los que viajamos en bus, terminamos pagando los patos rotos”, manifestó.
El nuevo Manual de Revisión de Técnica que pronto emitirá el Consejo de Transporte Público incluirá la exigencia de que todos los autobuses cuenten con dichas rampas, en acatamiento a lo ordenado por los magistrados.
Ulate aseguró que ha intercedido para que el Consejo Nacional de Rehabilitación presente una petición ante los legisladores a fin de ampliar el plazo brindado a los autobuseros o disminuir el porcentaje de unidades que deban cumplir con el requisito, aunque reconoce que el trámite es lento y la medida ordenada por la Sala IV regirá una vez que las partes sean notificadas.
Los autobuseros afirman que hacer modificaciones en la estructura de las unidades (en otras palabras, abrir un boquete en las puertas para colocar las rampas) significa atentar contra la seguridad de los pasajeros, pues incluso se puede perder la estabilidad de la carrocería, aunque reconocen que es prácticamente imposible comprar una flota nueva que venga con los dispositivos de fábrica, aparte de que no están en las condiciones para hacer tal erogación.
Actualmente 500 de los 8 mil autobuses que circulan por el país están adaptados con rampas (6% de la flota) cuando solo el 1,2% de la población presenta un tipo de discapacidad que las requiera para utilizar el servicio. Los empresarios, a su vez, han cumplido con otras disposiciones a favor de este grupo, como pisos antideslizantes, eliminación de trompos y timbres de luz, entre otros.
