CÁRCEL A QUIENES RECIBAN CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@diarioextra.com

Tal y como se había anunciado, el Gobierno amplió la agenda legislativa correspondiente al periodo de sesiones extraordinarias en donde priorizó los proyectos de reformas electorales y de financiamiento de partidos políticos.

Se trata de cuatro iniciativas que pretenden establecer sanciones de seis años de cárcel a quienes reciban contribuciones fuera de la Ley, establecer la prohibición de donaciones de extranjeros y personas jurídicas y la fijación de un máximo de ¢1,3 millones para los que deseen dar aportes.

Además, buscan reducir los costos de las campañas políticas a través de espacios gratuitos en los medios radiales y televisivos así como sancionar a quienes manejen de manera inapropiada los dineros de campaña: tesorero, jefes de campaña, entre otros.

También se establece el financiamiento adelantado de la deuda política sin discriminación de ningún partido y considerando el establecimiento de un registro histórico de votos para hacerse efectivo.

“El país debe contar con mayores y más claras sanciones penales en materia de delitos electorales, la eliminación de estructuras paralelas y la ampliación de las responsabilidades en materia de quienes manejen los dineros de la campaña, haciéndolas extensivas al candidato y jefe de campaña, además del tesorero”, dijo Federico Vargas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los temas electorales habían sido solicitados por los socialcristianos al presidente Abel Pacheco la semana anterior tras una reunión para discutir una ampliación en la agenda legislativa, la intención es que puedan hacerse efectivas las normas en el proceso electoral del 2006.

Para ello los diputados de varias fracciones pretenden establecer procedimientos expeditos a los proyectos de manera que puedan ser aprobados por el Plenario Legislativo antes de julio de este año.

Pero la agenda no solamente se centra en temas relacionados a lo electoral, pues se consideró otras iniciativas pedidas por las distintas bancadas en áreas regionales así como de desarrollo.

Se trata de proyectos como creación de la banca de desarrollo agropecuario, el código procesal contencioso administrativo, el fondo de desarrollo de la pequeña y mediana empresa turística y la creación de una comisión especial de educación.

También la reforma a la ley nacional de emergencia, la ley general de cooperativas, la autorización a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur para pagar a los ex oreros desalojados en los parques Corcovado y Piedras Blancas de la península de Osa no indemnizados, la ley de simplificación de trámites y ley para la inspección y regulación de centros docentes privados.