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Así lo dio a conocer Carlos Vargas, representante legal de la empresa, quien afirmó que los 1,5 millones de metros cúbicos que explotarán durante 17 años se ubican en el sector oeste y sur, muy lejos de la escultura, y no representan ni el 1% de la montaña conocida como La Piedra. El abogado dejó en claro que los terrenos no pertenecen al Estado, ni mucho menos son patrimonio nacional, pues fueron contratados en arrendamiento en julio del 2002 al hoy fallecido comerciante Rómulo Jiménez. Mas bien tachó de ilegal que estuvieran a la venta en una página de Internet que comercializa bienes raíces, pues aseguró que cuentan con un contrato de arrendamiento por 20 años y la concesión ya están en firme, por lo que no descartó tomar medidas al respecto. Actualmente, el tajo ya tiene la viabilidad por parte la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), la cual fue publicada en La Gaceta del 12 agosto del 2004 bajo la firma del Ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez y del Presidente de la República, Abel Pacheco, por lo que las operaciones iniciarán apenas obtengan las patentes por parte de la Municipalidad. Según Vargas, la falta de conocimiento sobre el proyecto es lo que ha llevado a satanizarlo entre los vecinos, pues en realidad brindará empleo a obreros y operadores de maquinaria pesada. Negó también la supuesta afectación a las nacientes de agua, ya que un informe de hidrología indica que no existen mantos acuíferos ni nacientes cerca. LA REPARARÁNPor el contrario, señaló que la empresa como un acto de buena fe se comprometió a reparar la imagen pues se encuentra muy deteriorada. El tamaño y la belleza de este monumento son muy apreciados no solo por los lugareños y los costarricenses, sino por los turistas, que lo han comparado con otros similares en Brasil y México. Desde que se dio a conocer que se instalaría un tajo en el lugar, ubicado en San Rafael del Norte en las cercanías de la Carretera Interamericana, estalló todo un escándalo que día con día agrupa a más opositores. Tras varias reuniones con la comunidad preocupada por perder este patrimonio, el legislador Rafael Ángel Varela del Bloque Patriótico Parlamentario (BPP), se comprometió a estudiar la situación y si es del caso pedir la anulación de la concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente (Minae). Los lugareños por su parte también preparan medidas de presión.
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| Ultima actualización de esta página:
12:27:14 15/10/07 Parte de la Sociedad Periodística Extra Limitada. |
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