LA LEY DEL SILENCIO

Al mismo estilo de los "chiquillos peleones", algunas instancias gubernamentales se han empeñado en aplicar la ley del silencio.

De tal modo, entonces, han decidido no hablar con algunos periodistas, no comentar sobre ciertos asuntos, según ellos para castigar al público y a los comunicadores. Dicen que lo que quieren es "mantener su buen trabajo en el anonimato y evitar ser interrumpidos en su delicada función". ¡Eso no se lo creen ni ellos mismos!

¿Cuál es el miedo? ¿Qué esconden? Hasta donde yo entiendo, cuando una gestión es buena y transparente no hay nada que ocultar; ¿entonces? Será que creen que lo que hacen es de carácter privado. ¡No, señores! Su trabajo es pagado por todos los costarricenses y por eso debe ser abierto al público y a la prensa en general. Tampoco creo que lo que esconden con tanto sigilo sea la receta original de la Coca Cola.

Aquí es donde es importante recordar que los funcionarios públicos son simples depositarios del poder, mandatarios (no mandantes) de todos los ticos. En cierta forma se puede decir que están bajo los ciudadanos, para servirles, y no sobre ellos, para servirse.

Los funcionarios públicos deben dar cuentas de sus actos a los ciudadanos y a los informadores respecto de lo que hacen, piensan hacer y quieren hacer. No pueden esconder lo que hacen, ya que trabajan para todos los costarricenses.

Es cierto que un gobierno está sujeto a las críticas. Es cierto que estas a veces son muchas. Es cierto que los medios de información "están en todas". ¡Pero así son las cosas; nosotros hacemos nuestro trabajo y ustedes hagan el suyo!

El servicio público no es un oficio cualquiera. El funcionario público ejerce competencias y tiene potestades, administra la cosa común y rinde un juramento constitucional.

Por todo lo indicado, es claro que la "ley del silencio", que quieren imponer algunos desde el gobierno, constituye una violación del Estado de Derecho. Es una falta grave contra la democracia, contra la libertad y contra la República.

Costa Rica es una República, precisamente, porque es de todos, no solo de los funcionarios públicos. El administrador debe rendir cuentas e informar de lo que hace y piensa hacer. No se puede actuar a golpes efectistas, en secreto y a espaldas del pueblo. La "ley del silencio" es un insulto a todos los ciudadanos.