LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Con la llegada formal del invierno se producen una serie de denuncias por parte de las fuerzas vivas, incluyendo el personal docente y administrativo de una gran cantidad de escuelas y colegios, sea por goteras, inundaciones, falseamientos y todo lo que conllevan las lluvias y la inseguridad.

En primera instancia es una verdad que cuando se desea hacer algo, incluso aprender, la infraestructura es secundaria si nuestro afán es mejor. Así, bajo un árbol, cuentan algunos escritos, Isaac Newton, al ver caer una manzana, empezó a investigar hasta descubrir la teoría de la gravitación, popularmente mejor conocida como la atracción que hace la masa, o sea la tierra, sobre los objetos, para sintetizarlo.

Sin embargo, no podemos apegarnos al axioma de que cualquier sitio es bueno si se quiere aprender, pues en nuestras escuelas no podemos dejar a nuestros niños estudiar bajo un aguacero de goteras, o fuertes vientos, o exponerlos a que se precipite el techo o se desmorone el piso o corredor. Ante esta situación se presentan tres factores que debemos analizar. El primero es el presupuesto del Ministerio de Educación Pública para el mantenimiento de las miles de escuelas y colegios públicos que dichosamente tenemos; el segundo es la capacidad de organización de las comunidades para colaborar en los mantenimientos de dichas infraestructuras y el tercero la responsabilidad o preocupación de las municipalidades por los centros educativos de su jurisdicción.

Aunque no guste a muchos políticos, no hay duda que quienes más se esfuerzan son las juntas de padres de familia, que mediante turnos, rifas o ventas de gallitos, van juntando dinero para cambiar latas de zinc, reforzar paredes, adecuar servicios sanitarios, etc.

Pero existen escuelas y colegios que se han tenido que edificar en zonas lo más cercanas posibles a urbanizaciones construidas justamente en lugares de alto e incluso constante riesgo, ante lo cual los padres de familia por más voluntad y responsabilidad que tengan, deben decidir entre reforzar las medidas de seguridad de sus viviendas o colaborar con la institución donde estudian sus hijos y definitivamente no les queda alternativa. Es en estos lugares donde definitivamente el Ministerio de Educación Pública y las municipalidades respectivas debieran encarrilar sus presupuestos.