Bajo el título de "Aquí se protege primero al delincuente", el magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Alvaro Fernández, puso el dedo en una de las llagas más dolorosas que afectan a nuestra sociedad.

En su reclamo para que el presupuesto del Poder Judicial sea ampliado, bajo las justificantes de las cargas adicionales que dicho Poder del Estado ha debido afrontar, como el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras actividades que les reducen el presupuesto y la posibilidad de ofrecer un mejor servicio al país, el magistrado Fernández se queja de que el Gobierno, o sea el Poder Ejecutivo, no les ha respondido las soluciones planteadas en el informe que la Corte les entregó sobre la fuga de delincuentes o presuntos delincuentes, según la normativa que nos rige, merced a que pagan la fianza y escapan del país.

Entre sus análisis señala como uno de los grandes problemas que afrontan, el nombramiento de abogados como jueces, sin una previa capacitación para el desempeño de esos cargos tan delicados, es decir, que primero se les nombra y después se capacitan como jueces al calor del trabajo que deben enfrentar.

Este desajuste es el que provoca una gran falta de criterio en muchos de ellos, en que se destaca la mala utilización de las medidas preventivas. A esto se une el temor que muchos de ellos tienen a la Sala Constitucional, Sala Cuarta, a la cual acuden casi siempre los delincuentes por medio de sus abogados con Recursos y Amparos de toda clase y si son aceptados, entonces el juez es condenado, hecho al que ninguno quiere arriesgarse y entonces fallan, al menos en principio de cualquier proceso, más a favor del delincuente que de la Justicia. Y a esto se le agrega que las víctimas y sus testigos, al quedar el delincuente en libertad, quedan en total indefensión, es decir, desprotegidos por la Ley y a disposición del antisocial que pueda vengarse físicamente contra ellos, o intimidarlos para que retiren la demanda, no los identifiquen, acepten que se equivocaron... en fin, que no se haga justicia tal y como debe ser. Y desde luego que cuando las pruebas que los incriminan son irrefutables, huyen del país como sucedió con Magdalena Pacheco, copartícipe en el asesinato de José Andrés Borrasé Taylor y como los hermanos López, en el caso del Banco Anglo Costarricense, tan solo para citar estos dos casos.

En fin, que la situación del Poder Judicial debe ser motivo de atención prioritaria por todas las fuerzas vivas del país; hay que auscultarlo y reforzar lo que sea necesario, tanto en materia de legislación como presupuestaria.