Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público acordaron solicitar al Ministerio Público que investigue las actuaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por haber solicitado datos de clientes sin anonimizar.
Así se desprende del informe aprobado por mayoría con el voto de diputados de los Partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista.
Después de meses de audiencias los diputados determinaron que el BCCR no tuvo criterios legales suficientes para solicitar la información crediticia de personas físicas y jurídicas.
“Los datos solicitados por el Banco Central no pueden ser tratados como si fueran propiedad de las instituciones (…)”, sostienen.
Del mismo modo, la comisión legislativa concluyó que la entidad “no ofreció una justificación exhaustiva para requerir datos tan minuciosos de los clientes de los bancos comerciales”, ya que no es imprescindible para la institución bancaria.
“La transmisión de esta información sensible sin el debido consentimiento expreso contradice las disposiciones establecidas en la Ley de estadística y también en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, lo cual constituye una falta a las normativas vigentes en materia de protección de datos personales”, sostiene el informe.
RECOMENDACIONES
Los diputados instaron a la junta directiva del BCCR respetar los principios de privacidad y confidencialidad, que cualquier solicitud de información garantice que no incluya datos sensibles y cumplir con la normativa de protección de información.
“Se recomienda una revisión interna de las actuaciones temerarias por parte de la gerencia del Banco Central especialmente en relación con la denuncia penal interpuesta contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La prudencia y el diálogo deben ser prioritarios antes de recurrir a acciones legales que desgastan y ponen en entredicho la capacidad de los jerarcas para diligenciar las instituciones que tienen a su cargo”, concluye el documento.
Del mismo modo, sugirieron a Rodrigo Chaves, presidente de la República, que destituya a Róger Madrigal, presidente del BCCR.
“Las razones detrás de esta recomendación incluyen la falta de cumplimiento de normativas legales y éticas en la obtención de información y la toma de decisiones que han sido públicas y evidentemente precipitadas y temerarias.
Esta recomendación se basa en la necesidad de restablecer la confianza pública en la institución, preservar la integridad de las decisiones y salvaguardar la reputación del Banco Central que ha sufrido un daño difícil de cuantificar”, plantea.
Ada Acuña, Daniel Vargas, diputados chavistas afines a Zapote, y Sofía Guillén del Partido Frente Amplio votaron este informe en contra; es decir, que no están de acuerdo con las conclusiones del resto de la Comisión.
CONTEXTO
Cabe recordar que en noviembre de 2022 la junta directiva de la entidad bancaria solicitó a la Sugef los datos de operaciones de crédito e inversión de cada persona que tuviera deudas ante intermediarios financieros supervisados. El argumento fue para labores de supervisión.
En su momento, la Asesoría Jurídica de la Sugef consideró que era contraria a la Ley N° 7558 y se opuso a proporcionar dicha información al considerarla privada y confidencial de los clientes.
En respuesta, el BCCR, en la figura de Hazel Valverde, gerenta general, presentó una denuncia penal contra Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presunto delito de desobediencia.
Del mismo modo, pidió información de los costarricenses al Banco de Costa Rica, Banco Nacional (BN), Banco Popular y BAC Credomatic. Todos, con la excepción del BN, cumplieron entregando lo solicitado.
Valverde también denunció penalmente a Bernardo Alfaro, gerente del Nacional, ante el Ministerio Público alegando una supuesta desobediencia al rehusarse a compartir con el ente emisor la información de los clientes.
Así mismo, solicitó datos a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, los cuales proporcionaron datos tributarios y relativos a los trabajadores y sus empleos al BCCR.
Esto desencadenó dos acciones de inconstitucionalidad y dos recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional.
Adicionalmente, el Banco Central enfrenta una investigación en la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes sobre el tema.
AUDIENCIAS
Así las cosas. Los diputados avanzaron en una investigación, determinando que el BCCR solicitó datos no anonimizados sobre operaciones crediticias a la Sugef.
En etapa de audiencias, Valverde manifestó que la entidad pidió por error a los cuatro grandes bancos comerciales la información de la identificación de los depositantes dentro de la solicitud de datos de los deudores.
En noviembre de 2023, el gerente del Nacional señaló que, no solo se le pidió información de los clientes, sino de deudores, ahorrantes, codeudores y fiadores.
¿QUÉ DICE EL CENTRAL?
DIARIO EXTRA solicitó al Banco Central una reacción con respecto al informe de los diputados, sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Jorge Castillo
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Viernes 19 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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